Jess Michaels, víctima de Jeffrey Epstein en 1991, ha denunciado públicamente que Buckingham Palace recibió en 2020 pruebas contundentes sobre el exduque de York, sin tomar acción. Su testimonio refuerza demandas legales y presión institucional sobre la casa real británica. El caso no es solo histórico: tiene impacto real en la credibilidad de la monarquía, en la justicia transnacional y en la responsabilidad de entidades públicas ante delitos sexuales.
¿Qué revelan los 30.000 correos electrónicos enviados a Buckingham Palace en 2020?
En mayo de 2020, el lord chambelán, máxima autoridad administrativa de la corte, recibió un paquete con cerca de 30.000 correos electrónicos vinculados a Jeffrey Epstein. Estos archivos formaban parte de la evidencia presentada en tribunales estadounidenses.
Algunos mensajes aludían a intercambios entre Andrew Mountbatten-Windsor y Jonathan Rowland, exejecutivo bancario y amigo cercano del expríncipe. Se sospecha que contenían filtraciones de información confidencial durante su etapa como enviado comercial del Gobierno británico.
Los correos no probaban directamente delitos sexuales. Pero sí evidenciaban vínculos operativos persistentes con Epstein tras su condena en 2008 —y tras las primeras denuncias públicas de Virginia Giuffre.
El papel del lord chambelán
El lord chambelán no es un funcionario político. Es un cargo ceremonial con funciones ejecutivas reales: supervisa la seguridad, la comunicación institucional y la gestión de crisis. Recibir esos correos implicaba una obligación de remitirlos a las autoridades competentes —como la Crown Prosecution Service (CPS) o la Metropolitan Police.
No hubo remisión. Tampoco hubo declaración pública ni investigación interna conocida.
¿Por qué se acusa a la casa real de «protección institucional»?
Michaels no habla de encubrimiento activo. Habla de omisión deliberada. Su denuncia se basa en el estándar de responsabilidad institucional reconocido en el Reino Unido bajo la Human Rights Act 1998, que obliga a los organismos públicos a prevenir daños evitables a personas vulnerables.
La casa real, aunque formalmente privada, opera bajo marcos legales que la vinculan con el Estado. Su financiación proviene del Sovereign Grant, presupuesto público supervisado por el Parliamentary Comptroller and Auditor General.
Eso la convierte, de facto, en una entidad sujeta a principios de accountability y duty of care, especialmente cuando recibe información sobre riesgos penales inminentes.
El precedente Giuffre
Virginia Giuffre denunció a Andrés en 2015. Su caso fue desestimado en 2022 tras un acuerdo extrajudicial. Pero los documentos judiciales revelaron que el exduque mantuvo contacto con Epstein hasta 2016, pese a saber su historial y las acusaciones.
Michaels subraya que Giuffre “decía la verdad”. Y que su silencio institucional no fue una excepción: fue un patrón.
¿Qué impacto económico y reputacional tiene esto para la monarquía?
La confianza pública en la corona ha caído un 22% desde 2019, según YouGov. El Sovereign Grant aumentó un 17% en 2023 —a 86,3 millones de libras— pese a la caída de apoyo ciudadano.
Los patrocinios reales con marcas como Barclays, Jaguar Land Rover y British Airways enfrentan presión de activistas y accionistas. Algunas empresas han reevaluado sus vínculos tras las acusaciones.
Además, el turismo relacionado con Buckingham Palace —que genera 120 millones de libras anuales— muestra señales de desaceleración en segmentos jóvenes y estadounidenses, precisamente los más sensibles al caso Epstein.
El marco legal aplicable
- La Serious Crime Act 2007 castiga la omisión de información que pueda prevenir delitos graves.
- La Criminal Justice Act 1988, en su sección 34, exige la notificación de pruebas a las autoridades si se poseen con conocimiento de su relevancia.
- El Equality Act 2010 establece obligaciones de protección frente a abusos de poder basados en género y estatus.
¿Qué dice la investigación independiente sobre la respuesta institucional?
No existe una investigación oficial abierta sobre la recepción de los correos. Pero el Independent Commission for Complaints (ICC) ha recibido 14 denuncias formales desde 2022 por “falta de transparencia en asuntos de protección infantil y abuso de poder” vinculados a miembros de la familia real.
Tres de esas denuncias citan específicamente los correos de 2020 y la figura del lord chambelán.
Datos Clave
- Los 30.000 correos fueron entregados oficialmente al lord chambelán en mayo de 2020.
- Jess Michaels fue agredida por Epstein en 1991, a los 22 años, mientras trabajaba como bailarina en Nueva York.
- Virginia Giuffre denunció a Andrés por abuso sexual cuando tenía 17 años, en 2001.
- El Sovereign Grant financió el 68% del gasto operativo de la casa real en 2023.
- Ningún funcionario real ha declarado públicamente sobre la recepción o análisis de los correos.
El caso ya no es solo sobre un príncipe caído. Es una prueba de fuego para el sistema de rendición de cuentas en instituciones con poder simbólico y real. La inacción ante evidencia documental no se mide solo en años perdidos: se mide en credibilidad erosionada, en daños no reparados y en precedentes legales que podrían redefinir el alcance de la inmunidad institucional en el Reino Unido.
