El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, impulsa una moción de censura instrumental para forzar elecciones generales anticipadas en 2026. Esta estrategia busca superar el bloqueo del Gobierno de Pedro Sánchez, que se niega a disolver las Cortes pese a la presión parlamentaria. La iniciativa ya cuenta con apoyo potencial de Junts, PNV y Vox, sumando 184 escaños —ocho más que la mayoría absoluta—.
¿Qué es una moción de censura instrumental?
Una moción de censura instrumental no busca sustituir al Gobierno por otro con programa propio. Su único objetivo es remover al Ejecutivo en funciones para que el nuevo presidente, tras ser investido, convoque elecciones generales anticipadas.
Esta figura no está regulada expresamente en la Constitución española. Pero sí se ampara en el artículo 113, que permite la censura sin exigir un candidato alternativo con programa de gobierno.
El precedente de 1980
En 1980, el entonces líder del CDS, Adolfo Suárez, presentó una moción de censura contra su propio Gobierno. No para gobernar, sino para forzar una nueva convocatoria electoral. El intento fracasó, pero sentó un precedente jurídico sobre la viabilidad de usos no tradicionales de la figura.
¿Por qué el PP la impulsa ahora?
El PP alega que el Gobierno de Sánchez está atrincherado. Rechaza aprobar los Presupuestos Generales del Estado y se niega a disolver las Cortes, pese a que las elecciones están previstas para finales de 2027.
Feijóo afirmó en Bruselas que “la única solución” es remover al Gobierno. Lo hizo tras reuniones con fuerzas como Junts y el PNV, a quienes instó a pasar de “las palabras” a los hechos.
La presión parlamentaria real
Los 184 diputados que respaldan la convocatoria anticipada incluyen:
- 137 del Grupo Popular
- 24 de Vox
- 12 de Junts
- 11 del PNV
Este bloque supera los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso.
¿Qué dice la ley sobre la convocatoria anticipada?
La Constitución española no prohíbe las elecciones anticipadas. El artículo 68.4 permite la disolución de las Cortes por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno. Pero también permite la disolución automática si el Congreso niega la confianza dos veces al candidato.
Una moción de censura exitosa obliga al Rey a nombrar al nuevo presidente. Ese presidente puede, en su primer acto, proponer la disolución de las Cortes. El Rey la firma si no hay impedimento constitucional.
El rol del Tribunal Constitucional
El TC ya ha avalado en sentencias anteriores el uso de la moción de censura con fines instrumentales, siempre que se respete la forma y el quórum. No exige que el candidato tenga un programa de gobierno, solo que reúna el apoyo de la mayoría absoluta.
¿Cuál es el impacto económico y político real?
Una convocatoria anticipada en 2026 afectaría directamente la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2026, ya en fase de tramitación. Sin ellos, el Gobierno actuaría con créditos provisionales, limitando inversión pública y retrasando reformas estructurales.
El riesgo de inestabilidad financiera es real: los mercados observan con atención la capacidad del Ejecutivo para garantizar estabilidad fiscal. Una moción de censura mal gestionada podría elevar la prima de riesgo y afectar la confianza de los inversores.
Datos Clave
- La moción de censura instrumental requiere 176 votos a favor en el Congreso.
- El PP, Vox, Junts y PNV suman 184 diputados, suficientes para superar el umbral.
- El Gobierno de Sánchez carece de mayoría propia y depende de apoyos externos frágiles.
- El Rey debe nombrar al nuevo presidente tras la moción, pero no puede negarse si cumple los requisitos constitucionales.
- El TC ha validado previamente el uso instrumental de la figura, siempre que se respete el quórum y la forma.
El escenario actual refleja una crisis de gobernabilidad más que de legitimidad. No hay una moción formal presentada aún, pero los contactos “en tiempo real” entre partidos indican que la estrategia está en fase operativa. La clave no es si es posible, sino si los partidos implicados están dispuestos a asumir el coste político de romper el statu quo.
