La temporalidad en la Administración Pública española sigue siendo un foco crítico: el 26,8% de los ocupados trabaja bajo contratos eventuales o como interinos, casi el doble que en el sector privado (11,9%). Esta brecha persiste pese a la reforma laboral de 2021 y revela fallos estructurales en la gestión de empleo público, con impacto directo en la estabilidad laboral, la calidad de los servicios y la confianza ciudadana.
¿Por qué la temporalidad en el sector público no baja como en el privado?
La reforma laboral de 2021 logró reducir la tasa de temporalidad en el sector privado desde el 36% (pico de la burbuja inmobiliaria) hasta el 11,9%. En cambio, la Administración Pública no ha replicado ese avance. El 26,8% de sus empleados sigue en situación de interinidad, sin acceso a estabilidad ni derechos plenos.
El problema radica en la falta de concordancia entre normativa y práctica. Las leyes exigen convocatorias periódicas y procesos de estabilización, pero muchas administraciones incumplen los plazos o postergan las oposiciones. Además, la financiación condicionada y la falta de planificación estratégica de plantillas perpetúan la dependencia de contratos provisionales.
¿Qué dice la ley sobre los interinos y su estabilidad?
La Ley 20/2021, de medidas urgentes para la estabilidad del empleo público, estableció plazos máximos de interinidad: 3 años consecutivos o 5 no consecutivos. Tras ese periodo, el trabajador debe ser estabilizado o despedido con indemnización.
Sin embargo, su aplicación es desigual. Algunas comunidades autónomas, como Galicia o Cantabria, han iniciado rondas de diálogo con el Gobierno para ajustar los mecanismos. Pero sin sanciones efectivas ni auditorías independientes, el cumplimiento depende de la voluntad política, no de la obligación legal.
El vacío de control y rendición de cuentas
No existe un registro nacional unificado de interinos. El INE y la Seguridad Social no cruzan datos con las bases de personal de las 17 comunidades autónomas ni con los ayuntamientos. Esto impide medir con precisión el número real de afectados, sus años de servicio o sus condiciones reales de trabajo.
¿Cuál es el impacto económico y social de la interinidad crónica?
La interinidad prolongada genera costes ocultos: rotación constante, pérdida de conocimiento institucional y sobrecarga en los equipos permanentes. Un estudio de la Fundación Alternativas estimó que la inestabilidad en la Administración cuesta al Estado entre 400 y 600 millones de euros anuales en formación repetida y gestión administrativa innecesaria.
Además, afecta la calidad de los servicios públicos. En sanidad y educación, donde la interinidad supera el 30% en algunas regiones, se observan retrasos en diagnósticos, listas de espera más largas y menor continuidad pedagógica.
La brecha salarial y de derechos
Los interinos perciben, de media, un 18% menos que sus homólogos fijos por el mismo puesto. No tienen acceso a ciertas prestaciones sociales, como permisos por maternidad/paternidad extendidos ni derechos a movilidad interna. Tampoco pueden acceder a la escala de clasificación profesional sin concurso-oposición previo.
¿Qué cambios reales se están impulsando en 2026?
Esta semana, el Gobierno inició una ronda de reuniones con comunidades autónomas en Santander para diseñar una nueva estrategia de estabilización. Entre las propuestas en estudio figuran:
- La creación de un Registro Nacional de Interinos vinculado al INE y a la Seguridad Social.
- La obligatoriedad de destinar al menos el 25% de las plazas ofertadas anualmente a la estabilización de interinos con más de 3 años de servicio.
- La simplificación de los procesos de acceso mediante concurso de méritos para quienes acrediten 5 años mínimos de experiencia.
Sin embargo, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado con dureza la falta de coherencia: “Consejos vendo que para mí no tengo”, señaló, aludiendo a la incapacidad del Ejecutivo para aplicar en su propio ámbito lo que promueve para el sector privado.
Datos Clave
- El 26,8% de los empleados públicos son interinos o eventuales (EPA, Q1 2026).
- En el sector privado, la temporalidad es del 11,9% —cifra alineada con la media UE.
- La Ley 20/2021 fija límites máximos de interinidad: 3 años consecutivos o 5 no consecutivos.
- No existe un registro unificado ni auditoría anual obligatoria de interinos en España.
- La interinidad crónica cuesta al Estado entre 400 y 600 millones de euros al año, según Fundación Alternativas.
