La líder del partido Agrupación Nacional en Francia, Marine Le Pen, ha denunciado lo que considera una persecución política tras ser condenada por malversación de fondos europeos. En una reciente entrevista, Le Pen calificó de «arbitraria» la decisión judicial que la inhabilita para presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. La condena incluye una pena de cuatro años de prisión, de los cuales dos podrían ser conmutados por arresto domiciliario, así como una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación.
La sentencia se deriva de un caso que involucra el desvío de 2,9 millones de euros del Parlamento Europeo entre 2004 y 2016. Según el tribunal, Le Pen y otros miembros de su partido contrataron asistentes parlamentarios que, en realidad, trabajaban para la Agrupación Nacional. En particular, se le imputa a Le Pen el mal uso de 474.000 euros. La política ultraderechista ha afirmado que no hubo enriquecimiento personal ni corrupción, insistiendo en su inocencia.
En su defensa, Le Pen ha manifestado que recurrirá «con urgencia» el fallo, argumentando que este es un intento de «sabotear» sus aspiraciones políticas, especialmente en un momento en que aparece como favorita en las encuestas para las próximas elecciones. «Millones de franceses quedarán privados de su candidata preferida sin posibilidad de apelación efectiva», lamentó.
La inhabilitación tiene efecto inmediato, lo que complica su participación en los comicios. A pesar de esto, Le Pen se ha mostrado combativa y ha descartado la posibilidad de que su mano derecha, Jordan Bardella, la sustituya como candidata. «Soy combativa y no me rendiré», afirmó, dejando claro que no está dispuesta a ceder ante lo que considera un ataque a su carrera política.
La condena llega en un momento crítico para la Agrupación Nacional, que lideraba las encuestas para las elecciones de 2027. Le Pen ha calificado el proceso judicial como «parcial» y ha advertido que este día representa un «momento funesto para nuestra democracia». A pesar de las dificultades que enfrenta, confía en que su recurso demostrará la debilidad de los argumentos judiciales en su contra.
El fallo judicial ha señalado la existencia de un «sistema organizado» en el que los asistentes parlamentarios «rotaban entre eurodiputados» sin realizar las labores propias de la Cámara Europea. Sin embargo, Le Pen sostiene que los contratos fueron legítimos y que el mecanismo de apelación existe precisamente para corregir «errores judiciales».
La situación de Le Pen ha generado un intenso debate en Francia sobre la justicia y la política. Sus seguidores ven la condena como un intento de silenciar a una figura política que ha ganado popularidad en los últimos años, mientras que sus detractores argumentan que la justicia debe prevalecer sin importar la posición política de una persona.
En este contexto, la figura de Marine Le Pen continúa siendo polarizadora. Su capacidad para movilizar a sus seguidores y su retórica en torno a la defensa de la democracia y la justicia resonarán en el futuro político de Francia. A medida que se acercan las elecciones, la atención se centrará en cómo manejará esta crisis y si logrará revertir la inhabilitación que amenaza su carrera política.
