Un desahucio en el barrio de Cerdanyola de Mataró desencadenó altercados con tres menores detenidos, cinco agentes heridos leves y denuncias de lesiones graves en menores. El caso expone la tensión entre el cumplimiento de sentencias judiciales, la protección de derechos fundamentales y la escalada de la crisis de vivienda en Cataluña. La respuesta policial, con uso de balas de foam, ha generado controversia jurídica y social.
¿Qué provocó la escalada de violencia en Cerdanyola?
El desahucio afectó a una familia con cuatro menores en la avenida Gatassa. Más de 50 personas se concentraron para impedir el lanzamiento. Según los Mossos d’Esquadra, los manifestantes lanzaron piedras y objetos contundentes. La unidad ARRO respondió con munición no letal para dispersar a la multitud.
El papel de los menores en las protestas
Tres menores fueron detenidos. No se ha informado de su edad exacta ni de si contaban con asistencia letrada inmediata. El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya denunció que varios menores requirieron atención médica por lesiones graves. Esto activa la obligación legal de aplicar el Protocolo de Actuación con Menores del Departament de Justícia de la Generalitat.
¿Es legal el uso de balas de foam en desahucios?
El uso de munición no letal está regulado por la Ley Orgánica 2/1986 y la Instrucción 1/2021 de los Mossos. Su empleo exige proporcionalidad, necesidad y advertencia previa. En este caso, fuentes policiales no han aclarado si se cumplió el protocolo de advertencia ni si se evaluó el riesgo para menores presentes.
La doctrina del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ha exigido en sentencias recientes (STS 1247/2023, STS 312/2024) que las fuerzas de seguridad eviten el uso de fuerza en entornos con menores, personas mayores o vulnerables, salvo riesgo inminente. La ausencia de informe forense independiente sobre las lesiones complica la evaluación objetiva de la proporcionalidad.
¿Qué dice la ley sobre desahucios con menores en Cataluña?
La Ley 24/2015 de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Protección a los Afectados por la Crisis Hipotecaria exige una evaluación social previa cuando hay menores o personas vulnerables. En Mataró, el Ayuntamiento no activó el Plan Municipal de Vivienda para evitar el desahucio, pese a que el caso cumplía los criterios de riesgo extremo.
El vacío en la coordinación institucional
No hubo intervención previa del Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SAIA) ni del Servei Social Bàsic del Ayuntamiento. Esto viola el artículo 12 de la Ley 10/2008 de Infancia y Adolescencia de Cataluña, que obliga a la actuación coordinada ante riesgo de exclusión habitacional.
¿Cuál es el impacto económico y social de los desahucios en Mataró?
Mataró registra una tasa de pobreza infantil del 28,3%, según el Idescat 2025. El barrio de Cerdanyola concentra el 42% de los casos de sobreocupación habitacional y el 31% de los desahucios de la ciudad. Cuatro desahucios programados esta semana evidencian una presión sistémica, no coyuntural.
Datos Clave
- Tres menores detenidos tras protesta contra desahucio en Cerdanyola.
- Cinco agentes heridos leves, vehículos y material policial dañados.
- El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya denunció lesiones graves en menores y situación «insostenible».
- La CUP exigió la comparecencia de la consellera de Interior y el director general de la policía.
- En lo que va de 2026, Mataró acumula 87 desahucios, un 19% más que en 2025.
La crisis de vivienda en Mataró no es un problema aislado. Es un síntoma de la falta de vivienda protegida, la debilidad de los mecanismos de mediación extrajudicial y la ausencia de evaluaciones de impacto social obligatorias antes de los lanzamientos. La ley exige protección, no solo cumplimiento. La práctica actual revela una brecha entre el marco normativo y su aplicación real. La respuesta no puede limitarse a la contención policial: requiere inversión real en vivienda social, reforma de los plazos procesales y activación inmediata de los protocolos de protección infantil en cada caso con menores.
