La Agencia Tributaria ha presentado un informe exhaustivo que abarca más de 1.000 páginas sobre las finanzas de José Luis Ábalos, exministro de Transportes. Este documento revela que Ábalos ha tenido ingresos totales de aproximadamente 1,5 millones de euros, distribuidos entre diversas cuentas bancarias en las que ha tenido algún tipo de vinculación, ya sea como titular o apoderado. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está actualmente analizando estos datos, que han sido solicitados en el marco de una investigación más amplia sobre posibles irregularidades financieras.
Los datos recopilados por la Agencia Tributaria indican que Ábalos ha realizado numerosos pagos al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y ha adquirido varios activos, incluyendo nueve inmuebles y cuatro vehículos. Dos de estos vehículos fueron comprados meses después de que Ábalos dejara su cargo como ministro. Sin embargo, el informe no muestra propiedades en el extranjero, ni en Perú ni en otros países.
Los movimientos financieros analizados abarcan la última década, aunque legalmente solo se puede investigar a Ábalos por los últimos cinco años en caso de que se sospeche de un fraude que no supere los 120.000 euros. Si el monto supera los 600.000 euros, el delito podría prescribir en un plazo de diez años. A pesar de esto, la Agencia Tributaria ha recopilado información que sugiere que todos los ingresos han sido declarados adecuadamente.
El informe no solo se centra en Ábalos, sino que también incluye a personas que han tenido vínculos financieros con él, como familiares y asociados. Entre los nombres mencionados se encuentran Eduardo Martínez, Marina Bañuls y otros. El total de ingresos efectivos asciende a 1,56 millones de euros, con retenciones que suman 192.765 euros. Ábalos ha declarado todos sus ingresos, que incluyen conferencias y pagos por apariciones en medios de comunicación.
Un aspecto interesante del informe es la mención de la Fundación Fiadelso, que no muestra vínculos directos con Ábalos, sino con familiares y otros asociados. Además, se han registrado gastos relacionados con viajes, hoteles y otros suministros, lo que añade una capa más de complejidad a la situación financiera del exministro.
La investigación se ha intensificado tras la aparición de propiedades de Ábalos en Colombia y Perú, así como en varias ciudades españolas. En total, su nombre figura en 265 cuentas bancarias, aunque no todas son de su titularidad. Muchas de estas cuentas están relacionadas con el PSOE y familiares, lo que complica aún más el análisis de sus finanzas.
Ábalos ha negado cualquier irregularidad y ha calificado la investigación como una «indagación prospectiva», lo que implica que se está investigando su pasado en busca de delitos. Esta práctica es controvertida en España, ya que puede ser vista como una violación de los derechos de los investigados. En su defensa, Ábalos ha solicitado que se limiten las pesquisas a los contratos de mascarillas, que son el foco principal de la investigación actual, argumentando que estos se realizaron en 2020 y no antes.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha decidido ampliar el alcance de la investigación a seis años atrás, lo que ha generado tensiones adicionales. Ábalos también ha señalado errores en la investigación, como la confusión entre la moneda local de Colombia y el dólar, lo que ha llevado a malentendidos sobre la magnitud de sus ingresos.
Entre las transacciones financieras, se han identificado pagos relacionados con una empresa vinculada a Villafuel, que adquirió un chalé en La Alcaidesa, Cádiz, con el objetivo de alquilarlo a Ábalos. Este aspecto de la investigación podría ser crucial, ya que se está evaluando si estos pagos pueden ser considerados como sobornos. Ábalos ha negado cualquier relación con actividades ilícitas y ha presentado facturas que respaldan sus transacciones.
Los gastos totales de Ábalos en la última década ascienden a 137.724,46 euros, lo que incluye pagos por suministros y otros gastos de mantenimiento. La situación financiera de Ábalos sigue siendo objeto de escrutinio, y la investigación de la UCO podría tener implicaciones significativas para su carrera política y su reputación pública.
