En el marco del Caso Koldo, que investiga un fraude de 230 millones de euros en el IVA de hidrocarburos, se han presentado nuevas pruebas que involucran a Villafuel y a la empresaria Carmen Pano. María Luisa Rivas, apoderada de Villafuel, ha entregado al Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional documentación que demuestra la devolución de 2,7 millones de euros a Pano, quien había afirmado haber entregado esa suma para obtener una licencia de hidrocarburos.
Rivas, quien fue detenida en octubre de 2024 junto a su hermano Claudio y el empresario Víctor de Aldama, ha indicado que las transferencias fueron realizadas como una «anulación de pedidos» debido a que no superaron el Compliance de Villafuel. Las pruebas presentadas incluyen justificantes de transferencias realizadas el 22 de julio de 2022, un día después de que Pano recibiera el dinero.
Carmen Pano, conocida por haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE, ha sido una figura clave en este caso. En su declaración ante el Tribunal Supremo, afirmó haber entregado el dinero por orden de Aldama, un hecho que este último ha negado. Las transferencias de dinero entre Pano y Villafuel han sido objeto de investigación, ya que se ha señalado que estas operaciones fueron fundamentales para que Villafuel obtuviera el título de operadora de productos petrolíferos.
El atestado de la Guardia Civil menciona que Combustibles Lucinala, la empresa de Pano, transfirió importantes cantidades a Villafuel, lo que permitió a esta última cumplir con los requisitos financieros exigidos por el Ministerio de Industria. Según el documento presentado por el abogado de Rivas, estas transferencias fueron cruciales para que Villafuel pudiera capitalizarse y obtener la licencia necesaria para operar en el sector de hidrocarburos.
Rivas ha manifestado su intención de colaborar con la justicia, pero ha solicitado acceso a sus registros informáticos, que están embargados por orden judicial, para poder proporcionar información más detallada sobre la operativa de Villafuel. En su escrito, también se menciona que la UCO (Unidad Central Operativa) ha alcanzado conclusiones que Rivas considera ajenas a la realidad de los hechos, lo que refuerza su deseo de revisar la documentación antes de declarar.
El caso ha tomado un giro significativo con la aparición de nuevos testimonios. Iván Castañer, quien fue contactado por un individuo llamado Antonio, ha declarado que Santiago Cirera, propietario de Skyward Tech, era quien daba las órdenes en la trama investigada. Castañer ha señalado que Cirera es considerado uno de los testaferros en esta operación, lo que añade una capa más de complejidad a la investigación.
La situación se complica aún más con la ausencia de Jaime Salmerón, otro presunto testaferro que no se presentó a declarar. La falta de testigos clave podría afectar el desarrollo del caso, que ya ha generado un gran interés mediático y público debido a la magnitud de las acusaciones y la implicación de figuras políticas y empresariales.
La investigación sigue su curso, y se espera que las próximas semanas traigan más revelaciones sobre la operativa de Villafuel y su relación con Carmen Pano y otros implicados en el caso. La colaboración de Rivas con la justicia podría ser determinante para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en este entramado de corrupción que ha sacudido el sector de hidrocarburos en España.
