La tragedia ocurrida en la mina de Cerredo, que resultó en la muerte de cinco trabajadores, ha llevado a las familias de las víctimas a solicitar una serie de nuevas diligencias que buscan esclarecer las causas del siniestro. La abogada Beatriz Llamas, representante de la acusación particular, ha presentado un escrito ante el Juzgado de Cangas del Narcea, donde se detallan las pruebas necesarias para profundizar en la investigación del accidente que tuvo lugar el 31 de marzo de 2025.
La solicitud de la acusación se centra en varios aspectos críticos que podrían haber contribuido a la explosión. Uno de los puntos más relevantes es la entrega del libro oficial de mediciones de grisú, así como los registros diarios del explosímetro. Estos documentos son fundamentales para determinar si se cumplieron las normativas de seguridad minera y para identificar a los responsables de las mediciones. Además, se requiere información sobre la formación acreditada en control de atmósferas explosivas y los certificados de calibración de los aparatos utilizados en la mina.
Otro aspecto que la acusación considera esencial es el sistema de ventilación de la mina. Se ha solicitado el proyecto técnico vigente en el momento del accidente, las modificaciones que se hayan realizado, y los cálculos del caudal de ventilación exigidos por la normativa. También se requiere información sobre el caudal real existente el día del siniestro y los registros de mantenimiento e incidencias. La acusación busca que los expertos se pronuncien sobre si la ventilación era adecuada y si existía previsibilidad técnica de acumulación de metano en niveles explosivos en la zona donde trabajaban los mineros.
Además, se ha señalado un posible episodio de deficiente ventilación que ocurrió semanas antes de la explosión, donde varios trabajadores presentaron síntomas de mareos y necesitaron asistencia médica al salir de la mina. Por ello, se solicita la declaración de supervivientes y la remisión de historiales clínicos de dos de los fallecidos, para verificar si presentaron signos de exposición a gases. También se requiere documentación sobre la instalación de dos turbinas que se colocaron tras este episodio, para determinar si respondían a una incidencia específica por acumulación de gas.
La acusación también ha pedido al juzgado que requiera el organigrama real de la explotación, las delegaciones de funciones, y los protocolos de paralización ante la detección de gas. Se busca esclarecer si existió presión productiva que pudiera haber influido en la adopción de medidas de seguridad adecuadas. Para ello, se solicita el parte diario de producción del día del accidente y los objetivos productivos fijados para ese mes.
En el ámbito económico, la acusación ha solicitado extractos bancarios y la identificación de préstamos, así como movimientos entre sociedades vinculadas y pagos a administradores. Se busca un informe patrimonial integral sobre los investigados y las mercantiles implicadas, prestando especial atención a posibles actos que se hayan realizado tras el accidente. También se requiere información sobre pólizas de responsabilidad civil y la cobertura aseguradora de la actividad desarrollada en la mina.
Como medida cautelar, la acusación ha solicitado que se fije una fianza suficiente para garantizar las responsabilidades civiles derivadas de los hechos. La cantidad mínima propuesta asciende a 500.000 euros por cada víctima fallecida, lo que en el caso de las cuatro familias que representa suma un total de dos millones de euros, aunque esta cifra podría ser ajustada posteriormente.
La situación en la mina de Cerredo ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad en el sector minero y la necesidad de investigar a fondo las circunstancias que rodearon este trágico accidente. Las familias de las víctimas buscan justicia y respuestas que les permitan entender lo ocurrido y prevenir que tragedias similares se repitan en el futuro. La presión por parte de la acusación para obtener más información y esclarecer los hechos es un paso crucial en este proceso, que no solo afecta a las familias de los fallecidos, sino también a la comunidad minera en su conjunto.
