La controversia en torno a la extracción ilegal de agua en la finca Aljóbar, perteneciente a la Casa de Alba, ha captado la atención pública y judicial en los últimos años. La Fiscalía ha solicitado una prórroga para continuar la investigación, mientras que Ecologistas en Acción, como acusación particular, argumenta que aún hay muchas preguntas sin respuesta. Este caso, que involucra a una de las familias aristocráticas más influyentes de España, ha puesto de relieve la tensión entre la protección del medio ambiente y los intereses económicos de grandes propietarios.
La finca Aljóbar, situada en el término sevillano de Aznalcázar, ha sido objeto de una investigación judicial que se inició en septiembre de 2023, tras una querella presentada por el Ministerio Público contra Eurotécnica Agraria, la empresa que gestiona la finca. La acusación se basa en un presunto delito contra el medio ambiente por la extracción de agua sin autorización, un acto que podría tener consecuencias devastadoras para el acuífero de Doñana, un ecosistema ya amenazado.
### La Investigación Judicial y sus Implicaciones
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor, bajo la dirección del juez Pablo Aragón, ha considerado que la investigación está «agotada» y ha rechazado la solicitud de prórroga de seis meses presentada por la Fiscalía. Esta decisión ha generado preocupación entre los ecologistas, quienes argumentan que aún no se han recopilado suficientes pruebas para demostrar el daño ambiental causado por las extracciones ilegales de agua.
Ecologistas en Acción ha manifestado su deseo de que la investigación continúe, señalando que es crucial encontrar «argumentos sólidos» que respalden la acusación. La organización ecologista ha criticado al juez por centrarse únicamente en la valoración del daño al acuífero, sin considerar otros factores relevantes, como las cosechas y las dotaciones de riego existentes en la finca.
La situación se complica aún más por el hecho de que los miembros del consejo de administración de Eurotécnica Agraria, que incluye a Eugenia Martínez de Irujo y sus hermanos, no han sido llamados a declarar como investigados. La Fiscalía había solicitado su testimonio, pero el juez decidió postergar esta diligencia hasta recibir un nuevo informe sobre los daños causados por la extracción de agua.
### Los Daños Ambientales y la Respuesta de la Defensa
Los informes periciales presentados por la Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir han sido fundamentales en esta investigación. Estos documentos han estimado que la extracción ilegal de agua podría haber causado daños significativos al medio ambiente, valorados en millones de euros. Según el Seprona, entre 2014 y 2024, se estima que se extrajeron hasta 6,6 millones de metros cúbicos de agua de manera ilegal, lo que podría tener efectos irreversibles en el ecosistema de Doñana.
El Seprona ha advertido que la sobreexplotación del acuífero podría afectar gravemente la biodiversidad de la zona, poniendo en riesgo a especies de aves amenazadas y alterando el equilibrio ecológico del parque nacional. La falta de agua en las épocas críticas del año podría llevar a un aumento de nutrientes en el agua, lo que a su vez podría provocar la proliferación de algas nocivas y la eutrofización de los cuerpos de agua.
Por otro lado, la defensa de Eurotécnica Agraria ha presentado un informe que contradice las acusaciones, argumentando que la finca cuenta con autorización para regar 200 hectáreas y que la masa de agua afectada no está sobreexplotada. Este informe ha sido criticado por la acusación, que sostiene que se basa en un análisis incompleto de la situación.
La Casa de Alba, que se presenta como una de las mayores propietarias de tierras en España, ha intentado regularizar la situación de los pozos ilegales mediante un procedimiento administrativo en la Confederación Hidrográfica. Sin embargo, la falta de claridad en la gestión de los recursos hídricos en la finca ha suscitado dudas sobre la legalidad de las operaciones agrícolas llevadas a cabo en Aljóbar.
La situación actual del caso es incierta, con la investigación judicial a punto de cerrarse y sin que se hayan tomado declaraciones clave que podrían arrojar luz sobre las prácticas de extracción de agua en la finca. La presión de los ecologistas y la opinión pública podría influir en el desarrollo de este caso, que pone de manifiesto la necesidad de una mayor regulación y control sobre el uso de recursos hídricos en España, especialmente en áreas tan delicadas como Doñana.
A medida que se acerca la fecha de cierre de la instrucción judicial, las partes involucradas esperan que se tomen decisiones que no solo afecten a la Casa de Alba, sino que también sientan un precedente sobre la responsabilidad de los grandes propietarios en la conservación del medio ambiente. La lucha por la justicia ambiental en este caso es un recordatorio de la importancia de proteger nuestros recursos naturales frente a intereses económicos que pueden poner en peligro ecosistemas vitales.
