Granollers enfrenta una presión creciente por la escasez de vivienda asequible, con una demanda que supera ampliamente la oferta. El Ayuntamiento, liderado por la alcaldesa Alba Barnusell, ha priorizado la construcción pública, la regulación del alquiler y la movilización de suelo y viviendas vacías. La ciudad actúa bajo un marco legal catalán que impulsa la protección oficial y un contexto económico marcado por la inflación inmobiliaria y el aumento del apoyo a discursos antiinmigración. Las elecciones municipales de 2027 ya condicionan la velocidad y el alcance de las medidas.
¿Cómo está Granollers acelerando la construcción de vivienda pública?
El Ayuntamiento ha entregado 17 viviendas construidas íntegramente por su propia gestión. Otras 57 están en fase de construcción en colaboración con Incasòl, la agencia catalana de vivienda. Esta alianza refuerza la capacidad ejecutiva del municipio y reduce dependencia de promotores privados.
El suelo municipal como recurso estratégico
Granollers cedió 8.000 m² de suelo público a la Generalitat para 200 viviendas asequibles. Ya se ha concretado la primera fase: 136 unidades en el barrio del Lledoner, cuyo concurso se lanzará próximamente. Esta acción se enmarca en la Ley 18/2022 de Vivienda de Catalunya, que obliga a los municipios a destinar suelo público a usos residenciales protegidos.
¿Qué incentivos ofrece el Ayuntamiento para activar el parque privado de viviendas?
El municipio aplica tres herramientas clave: reducción del IBI, subvenciones para rehabilitación y acompañamiento personalizado a propietarios. Estas medidas buscan mitigar el riesgo percibido por los dueños de pisos vacíos y facilitar su incorporación a la bolsa de alquiler público.
La cifra real de viviendas vacías sigue sin conocerse
No existe un registro oficial actualizado. El Ayuntamiento reconoce la dificultad técnica y administrativa para cuantificar con precisión el stock vacío. Por eso impulsa una estrategia de proximidad: visitas domiciliarias, llamadas personalizadas y campañas de pedagogía social dirigidas a propietarios.
¿Qué papel juega la vivienda en la contención del discurso extremo?
La escasez habitacional alimenta la frustración social, especialmente entre jóvenes y familias monoparentales. En Granollers, el déficit se vincula directamente con el ascenso de propuestas antiinmigración. El gobierno municipal vincula la política de vivienda con la cohesión social: garantizar acceso a un hogar estable reduce la vulnerabilidad y debilita el terreno fértil para discursos excluyentes.
El marco legal catalán como palanca de cambio
La Ley 18/2022 y el Decreto-Ley 1/2023 de medidas urgentes en vivienda otorgan al Ayuntamiento poderes para declarar zonas de tensión residencial, limitar alquileres y sancionar viviendas vacías sin justificación. Granollers aún no ha activado estas figuras, pero su preparación técnica avanza.
¿Cuál es el impacto económico real de estas medidas?
La inversión municipal en vivienda pública supera los 12 millones de euros en este mandato. Cada vivienda construida genera 3,2 puestos de trabajo directos y estimula la economía local mediante contratación de empresas locales de construcción y rehabilitación. Además, el aumento del parque de alquiler asequible frena la especulación en barrios como Can Palet y Sant Pere.
Datos Clave
- 17 viviendas públicas entregadas en 2026; 57 en construcción con Incasòl
- 136 viviendas asequibles en concurso para el barrio del Lledoner
- Rebajas del IBI y subvenciones para rehabilitación de pisos vacíos
- Falta de registro oficial de viviendas vacías: estimación preliminar entre 1.200 y 1.800 unidades
- Aplicación inminente de la Ley 18/2022 para declarar zonas de tensión residencial
El déficit habitacional en Granollers no es solo un problema técnico. Es un desafío de gobernabilidad, equidad y estabilidad democrática. La respuesta municipal combina acción inmediata —construcción y regulación— con estrategia de largo plazo: cambiar la cultura del acceso a la vivienda. La presión del mercado, el marco normativo catalán y el contexto electoral de 2027 convierten a Granollers en un laboratorio clave para entender cómo los ayuntamientos pueden redefinir el derecho a la vivienda en tiempos de crisis.
