Canarias se ha convertido en un laboratorio silencioso de vigilancia inteligente impulsada por empresas chinas. Mientras Pekín refuerza su influencia en África con más de 2.000 millones de dólares en sistemas de reconocimiento facial, cámaras inteligentes y rastreo de vehículos, el modelo ‘smart island’ avanza en el Archipiélago con tecnologías similares. La falta de marcos legales claros y la ausencia de evaluaciones de impacto en derechos fundamentales generan alertas reales sobre privacidad y libertad de movimiento.
¿Qué implica la vigilancia inteligente en territorio español?
La implantación de sistemas de vigilancia basados en Inteligencia Artificial en Canarias no es un fenómeno aislado. Responde a una estrategia global de China que vincula infraestructura, telecomunicaciones y control urbano. En 11 países africanos, estos sistemas ya operan sin falta de regulación democrática, según el Institute of Development Studies. En Canarias, aunque bajo el marco jurídico de la Unión Europea, la adopción de tecnologías idénticas plantea dudas sobre su compatibilidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
¿Dónde se aplica esta tecnología en el Archipiélago?
Proyectos piloto en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife integran cámaras con algoritmos de análisis de comportamiento. Algunos sistemas están vinculados a centros de control urbano gestionados por proveedores chinos. No hay transparencia pública sobre los contratos, ni sobre los flujos de datos ni los protocolos de retención.
¿Qué riesgos reales enfrentan los ciudadanos?
La capacidad de identificar, geolocalizar y cruzar datos personales en tiempo real no es teórica. Es funcional. Estas herramientas permiten reconstruir itinerarios, asociar rostros con perfiles sociales y detectar patrones de movilidad sin consentimiento. En contextos con debilidad institucional —como algunos países africanos—, esto ha derivado en vigilancia política. En Canarias, el riesgo no es idéntico, pero sí estructural: la falta de regulación democrática en la adquisición y uso de estas tecnologías erosiona la confianza en las instituciones.
¿Qué dice la ley española y europea?
El RGPD exige evaluaciones de impacto previas para sistemas de vigilancia masiva. La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD) prohíbe el tratamiento biométrico sin base legal expresa. Sin embargo, no existen normas específicas que regulen el uso de reconocimiento facial en espacios públicos. El Tribunal de Justicia de la UE ha advertido que su uso generalizado puede vulnerar el derecho a la intimidad y la libertad de reunión.
¿Cuál es el impacto económico de esta expansión tecnológica?
La inversión china en infraestructura digital en Canarias forma parte de una apuesta estratégica: posicionar al Archipiélago como nodo logístico y tecnológico entre Europa, África y América. Esto genera contratos millonarios para empresas locales y proveedores extranjeros. Pero el costo oculto es alto: dependencia tecnológica, riesgos de ciberseguridad y externalización de decisiones críticas sobre derechos fundamentales. Según datos del Ministerio de Asuntos Económicos, las licitaciones públicas relacionadas con ‘smart city’ en Canarias crecieron un 68 % entre 2022 y 2025.
¿Qué papel juega la ‘Nueva Ruta de la Seda’?
La iniciativa no es solo física. Incluye la exportación de estándares tecnológicos y modelos de gobernanza digital. Canarias, por su ubicación geoestratégica, es un punto de anclaje natural. Pero su integración en esta red no está acompañada de mecanismos de rendición de cuentas ni de auditorías independientes. La ‘Nueva Ruta de la Seda’ digital avanza sin contrapesos democráticos.
Datos Clave
- Más de 2.000 millones de dólares invertidos por 11 países africanos en sistemas de vigilancia basados en Inteligencia Artificial.
- El Institute of Development Studies documenta falta de regulación democrática en la implantación de estas tecnologías.
- En Canarias, proyectos ‘smart island’ usan cámaras inteligentes y rastreo de vehículos, sin evaluaciones públicas de impacto.
- El RGPD exige evaluaciones de impacto previas, pero no hay normativa específica sobre reconocimiento facial en espacios públicos.
- Las licitaciones públicas de ‘smart city’ en Canarias crecieron un 68 % entre 2022 y 2025.
El escenario actual revela una tensión creciente entre innovación urbana y protección de derechos. La tecnología no es neutra. Su diseño, su despliegue y su gobernanza determinan si refuerza la democracia o la socava. En Canarias, la decisión no es técnica: es política.
