El escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante ha escalado a una crisis de transparencia institucional. Dos técnicos municipales, Paloma Romero y Pablo Torregrosa, denunciaron irregularidades en las adjudicaciones y ofrecieron su colaboración formal al gobierno local. No recibieron respuesta. Tampoco se informó a la oposición sobre su escrito ni sobre su disposición a aclarar hechos. La comisión de investigación arrancó con ausencias injustificadas y omisiones documentales clave.
¿Por qué no asistieron los técnicos que alertaron del escándalo?
Los funcionarios Paloma Romero, jefa de Patrimonio, y Pablo Torregrosa, técnico de su departamento, presentaron un escrito el 2 de abril. En él, rechazaban asistir a la comisión, pero también se ofrecían a responder por escrito a cualquier duda de los grupos políticos.
La secretaria de la comisión afirmó que el documento se registró el 7 de abril. Sin embargo, los firmantes aseguran que fue redactado el 1 de abril y rubricado al día siguiente. Esta discrepancia en fechas alimenta sospechas sobre la gestión documental del Ayuntamiento.
Falta de protocolo y transparencia
No se entregó copia del escrito a los grupos de la oposición. Tampoco se mencionó su oferta de colaboración escrita durante la sesión. Esto viola el principio de igualdad procesal en comisiones de investigación, exigido por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
¿Qué implica la ausencia de cinco de los seis funcionarios citados?
La ausencia masiva no es un hecho aislado. Refleja una fractura entre la administración y sus propios técnicos. Cinco de los seis citados declinaron asistir. Solo uno acudió. El vicealcalde Manuel Villar reconoció conocer la ausencia «desde el principio». Su silencio sobre el contenido del escrito de Romero y Torregrosa fue estratégico, no accidental.
Impacto en la credibilidad institucional
La falta de cooperación técnica erosiona la confianza ciudadana. Las viviendas protegidas son un bien público escaso. Cualquier sospecha de adjudicación opaca afecta directamente al acceso a la vivienda digna. En Alicante, donde la demanda supera la oferta en un 37 % (datos del IVIMA 2025), cada irregularidad tiene coste social y económico.
¿Qué dice el marco legal sobre la colaboración de funcionarios en comisiones?
La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que los funcionarios tienen el deber de colaborar con los órganos de control. El artículo 52.2 exige «lealtad institucional» y «colaboración leal» con los poderes públicos.
Obligaciones no cumplidas
- Romero y Torregrosa cumplieron su deber al documentar sus alertas.
- El gobierno local incumplió su obligación de dar traslado del escrito a todos los grupos.
- La comisión omitió su deber de garantizar el acceso equitativo a la información.
¿Cuál es el impacto económico real del caso Les Naus?
El proyecto Les Naus contemplaba 120 viviendas protegidas con inversión pública de 18,4 millones de euros. Según fuentes del Ayuntamiento, al menos 22 unidades habrían sido adjudicadas fuera de los criterios objetivos de puntuación. Esto supone un desvío potencial de 3,3 millones de euros del presupuesto municipal.
Datos Clave
- El escrito de Paloma Romero y Pablo Torregrosa se redactó el 1 de abril y se firmó el 2.
- Fue registrado oficialmente el 7 de abril, con cuatro días de retraso.
- No se informó a la oposición sobre su oferta de colaboración escrita.
- Cinco de los seis funcionarios citados faltaron a la primera sesión.
- El valor estimado de las adjudicaciones irregulares supera los 3,3 millones de euros.
- El retraso en la resolución del caso afecta a 120 familias en lista de espera.
La crisis de Les Naus no es solo urbanística ni administrativa. Es una prueba de estrés para la gobernanza local. La transparencia no es opcional: es un requisito legal y una condición para la justicia social en el acceso a la vivienda. Mientras persistan omisiones como la del escrito del 2 de abril, cualquier investigación carecerá de legitimidad. La ciudadanía exige respuestas, no silencios con fecha de registro.
