Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense desde 2019 y reelegido en 2023 con DO como fuerza más votada, ha sido imputado por presunta prevaricación. La causa se centra en la compatibilidad no autorizada entre su cargo público y su actividad privada en Auria TV. El magistrado instructor señala un grave daño económico para las arcas municipales, además de una conciencia clara de la ilegalidad. El caso refleja una tensión creciente entre ética pública, marco normativo y expectativas ciudadanas.
¿Qué es la prevaricación municipal y por qué afecta a Jácome?
La prevaricación es un delito tipificado en el Código Penal español cuando un funcionario público dicta una resolución injusta, consciente de su ilegalidad. En este caso, el juez considera que Jácome ejerció funciones públicas mientras mantenía un cargo remunerado en una empresa privada —Auria TV— sin solicitar la autorización previa del pleno municipal, como exige la Ley de Régimen Local.
El alcalde no solo omitió el trámite. El auto judicial subraya que actuó a sabiendas de la injusticia y del perjuicio económico derivado. Eso eleva la gravedad del hecho más allá de una simple omisión administrativa.
La normativa aplicable es clara y vinculante
La Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, exige autorización expresa para compatibilizar cargos públicos con actividades privadas remuneradas. El Reglamento de Incompatibilidades del Ayuntamiento de Ourense refuerza este requisito. No se trata de una formalidad burocrática: es un mecanismo de control ético y financiero.
¿Cómo ha cambiado su discurso desde la oposición al gobierno?
Jácome fue concejal de la oposición entre 2011 y 2019. En ese periodo, impulsó más de una docena de denuncias contra exalcaldes —PSdeG y PP— por supuestas irregularidades. La mayoría acabaron en sobreseimiento o absoluciones. Su estilo, difundido por Auria TV, se caracterizó por un populismo judicializado: convertir la denuncia en herramienta política y mediática.
Hoy, como titular del ejecutivo, su reacción es distinta. En redes sociales calificó la imputación de “innecesaria” y anunció apelación inmediata. No invoca transparencia ni rendición de cuentas, sino la ausencia de daño real. Esa distancia entre su discurso anterior y su postura actual alimenta la percepción de doble rasero.
El impacto económico del caso va más allá del Ayuntamiento
El daño económico no se limita a una suma contable. El caso ha generado costes legales directos para la administración. Además, afecta la confianza inversora en Ourense: empresas y fondos evalúan la estabilidad institucional antes de comprometer capital. Un informe reciente de la Cámara de Comercio de Ourense vincula la percepción de corrupción con una caída del 12 % en proyectos de inversión privada en 2025.
¿Qué dice el marco legal sobre la compatibilidad de cargos?
La jurisprudencia del Tribunal Supremo es tajante: la falta de autorización previa no se subsana con la posterior aceptación del pleno. La autorización debe ser previa, expresa y motivada. El Tribunal Constitucional ha reiterado que este requisito protege la integridad funcional y evita conflictos de interés estructurales.
El Ayuntamiento de Ourense no ha actualizado su reglamento de incompatibilidades desde 2017. Esa obsolescencia normativa dificulta la aplicación clara de los controles. Expertos en derecho administrativo advierten que la ausencia de protocolos actualizados favorece la impunidad de facto, incluso cuando no hay intención deliberada de fraude.
Datos Clave
- La imputación se basa en la falta de autorización previa para compatibilizar el cargo de alcalde con la dirección de Auria TV.
- El magistrado instructor califica la conducta como consciente y perjudicial para las arcas públicas.
- Más del 80 % de las denuncias presentadas por Jácome en la oposición fueron archivadas o desestimadas.
- Ourense registra una caída del 12 % en inversión privada en 2025, según la Cámara de Comercio local.
- El reglamento de incompatibilidades del Ayuntamiento data de 2017 y no contempla plataformas digitales como Auria TV.
¿Qué rol juega la comunicación política en la percepción de la ética pública?
Auria TV no es un mero canal de entretenimiento. Funcionó como altavoz institucional paralelo, con cobertura de actos municipales y entrevistas a cargos públicos. Esa superposición entre medio privado y función pública genera un conflicto de intereses fáctico, incluso sin intención fraudulenta.
El Consejo Audiovisual de Galicia ha abierto un expediente por posible infracción de la Ley General de Comunicación Audiovisual, al no declarar la condición de cargo electo en emisiones relacionadas con gestión municipal.
El caso Jácome no es aislado. Refleja una tendencia nacional: la profesionalización de la comunicación política sin marcos éticos claros. La ausencia de regulación específica para medios propiedad de cargos públicos abre brechas legales que los tribunales están empezando a cerrar —con lentitud, pero con firmeza.
