Un apagón digital afectó a decenas de municipios del Bages y Solsonès durante 6 horas. El sabotaje a una infraestructura troncal de fibra óptica dejó sin teléfono fijo, internet y televisión a miles de usuarios. La acción fue realizada por Revoltes de la Terra, grupo que protesta contra la actividad de ICL en la zona. El impacto económico y social fue inmediato y desproporcionado frente a los objetivos reivindicativos.
¿Qué provocó el apagón digital en Súria y Solsona?
El corte se originó tras el sabotaje de un cable troncal en Callús. Los manifestantes retiraron las tapas de hormigón que protegían la fibra y usaron los bloques para dañar la vía. Luego, arrancaron el cable y lo arrojaron al camino del cementerio. El material siguió ardiendo horas después, retrasando la reparación.
Este cable es gestionado por Guixers, operador local, y forma parte de la Xarxa Oberta de Catalunya (XOC). Su interrupción afectó directamente a zonas rurales con baja redundancia técnica.
¿Quiénes son los responsables del sabotaje?
Los actos fueron ejecutados por Revoltes de la Terra, colectivo activo en el Bages desde 2025. Su protesta se centra en la explotación minera de potasa por parte de ICL, empresa israelí con sede en la comarca. Sin embargo, el grupo no ha asumido públicamente la autoría del sabotaje, ni ha justificado el daño a infraestructura civil.
Impacto en la gobernanza local
La alcaldesa de Cardona, Lluïsa Aliste, calificó los hechos como “fuera de la reivindicación”. Subrayó que los afectados son “las personas que menos culpa tienen”. Su crítica refleja una fractura entre movilización social y protección de servicios esenciales.
¿Qué marco legal regula este tipo de sabotaje?
El Código Penal español tipifica como delito contra la infraestructura crítica los actos que interrumpan servicios públicos esenciales (art. 578). La fibra óptica forma parte de la Red de Comunicaciones Electrónicas de Interés General, regulada por la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 9/2014). Además, la Directiva Europea NIS2 exige a los Estados miembros proteger activos digitales críticos.
Sanciones potenciales
- Daños a infraestructura: hasta 5 años de prisión.
- Interferencia grave en servicios esenciales: hasta 8 años.
- Responsabilidad civil por perjuicios económicos a operadores y usuarios.
¿Cuál es el impacto económico real del apagón?
El corte afectó a más de 12.000 usuarios, según datos preliminares de Guixers. Las pérdidas estimadas superan los 280.000 euros, incluyendo:
- Costes de reparación de emergencia.
- Indemnizaciones a pymes por paralización de operaciones digitales.
- Pérdidas en comercio electrónico y teletrabajo.
- Gastos adicionales de la XOC para reforzar la redundancia en zonas rurales.
Datos Clave
- El apagón duró 6 horas, entre las 17:00 del sábado y la 1:45 del domingo.
- El cable afectado es troncal y alimenta a Súria, Cardona, Callús y parte de Solsona.
- La reparación requirió la coordinación de técnicos de Guixers y la Xarxa Oberta de Catalunya (XOC).
- El fuego en el cable persistió más de 3 horas, dificultando el acceso y la evaluación del daño.
- No hubo advertencia previa ni plan de contingencia activado por las autoridades locales.
La acción forma parte de una escalada de protestas en el Bages, donde la explotación de potasa genera tensiones entre desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y derechos comunitarios. Sin embargo, el ataque a infraestructura digital no está alineado con los estándares de proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español ni por los principios de acción directa no violenta reconocidos internacionalmente.
El caso evidencia una brecha crítica: la falta de mecanismos de diálogo institucional efectivos entre colectivos ecologistas y administraciones locales. También revela vulnerabilidades estructurales en la resiliencia de redes rurales, donde la ausencia de rutas alternativas de fibra multiplica el riesgo de colapso ante incidentes aislados.
