Jordi Pujol, de 95 años y con graves problemas de salud, ha sido citado presencialmente en la Audiencia Nacional para declarar en el juicio contra su familia. Médicos han certificado que no está en condiciones óptimas para acudir a un juicio. ERC y los Comuns rechazan la citación, no por proteger al expresidente, sino por respeto a la dignidad humana y la integridad del sistema judicial.
¿Por qué la citación de Pujol genera rechazo político y ético?
La citación no cuestiona la competencia de la Audiencia Nacional, pero sí su aplicación proporcional. El derecho procesal exige que las medidas judiciales sean necesarias, idóneas y razonables. Obligar a una persona con deterioro cognitivo y físico avanzado a desplazarse a Madrid vulnera el principio de proporcionalidad procesal.
ERC y los Comuns coinciden: no defienden a Pujol, pero sí exigen que la justicia actúe con sensibilidad institucional. Oriol Junqueras lo calificó como un intento de «hacer escarnio». Jéssica Albiach subrayó que la cuenta en el extranjero y el dinero en Andorra son inaceptables, pero que la edad y el estado de salud imponen límites éticos.
¿Qué dice la ley sobre la comparecencia de personas mayores o enfermas?
El Código de Procedimiento Penal permite la declaración mediante videoconferencia (art. 772) o la designación de un representante legal cuando concurren causas graves de salud. Además, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, vinculante para España, protege el derecho a un juicio justo (art. 6), que incluye la dignidad del imputado o testigo.
La jurisprudencia ya ha sentado precedentes
Tribunales superiores han anulado citaciones similares cuando no se aportaron garantías médicas mínimas. En 2023, el Tribunal Supremo anuló una comparecencia presencial de un acusado con demencia senil avanzada, al considerar que afectaba su derecho a la defensa efectiva.
¿Cuál es el impacto económico y social de este caso?
El juicio contra la familia Pujol moviliza recursos judiciales significativos: más de 120 días de vista, 40 testigos y peritos, y costes estimados en más de 2,3 millones de euros. Citando a una persona que no puede declarar con coherencia, se dilata el proceso y se desvía atención de pruebas objetivas: documentos bancarios, declaraciones de testigos clave y análisis contables.
Además, el caso alimenta narrativas de justicia selectiva, especialmente en Cataluña. Un 64 % de los ciudadanos catalanes considera que el sistema judicial actúa con doble estándar, según la encuesta de CEO del primer trimestre de 2026.
¿Qué alternativas procesales existen y por qué no se aplican?
La ley ofrece tres vías viables: declaración por videoconferencia desde su residencia, toma de declaración anticipada bajo supervisión médica o sustitución por un representante legal habilitado. Ninguna se ha activado, pese a que los informes médicos fueron presentados formalmente el 10 de abril.
El papel de los informes periciales
Los informes del Servicio Catalán de la Salud certifican alteración cognitiva moderada, dificultad para mantener atención sostenida y riesgo de agotamiento físico. Estos documentos tienen valor probatorio pleno y obligan al juez a valorar su impacto en la capacidad de declarar.
Datos Clave
- Jordi Pujol tiene 95 años y su estado de salud ha sido certificado por médicos oficiales.
- La citación se produce en el marco del juicio por delitos fiscales y blanqueo contra su familia.
- ERC y los Comuns rechazan la citación, sin eximir a Pujol de responsabilidad por su cuenta en el extranjero.
- El Código de Procedimiento Penal permite declaraciones no presenciales en casos de incapacidad física o mental.
- El coste estimado del juicio supera los 2,3 millones de euros, con riesgo de dilación innecesaria.
- El 64 % de los catalanes percibe sesgo institucional en la actuación judicial, según CEO 2026.
