España destinó 34.265 millones de euros a Defensa en 2025. Eso representa un aumento del 50 % respecto al año anterior y el primer cruce del umbral del 2 % del PIB desde 1994. El gasto alcanzó el 2,1 % del PIB, marcando un punto de inflexión estratégico y presupuestario. Este salto responde a presiones de la OTAN, la guerra en Ucrania y una redefinición de la seguridad nacional. No es un ajuste coyuntural: es un cambio estructural con impacto fiscal, industrial y geopolítico.
¿Por qué España superó el 2 % del PIB en gasto militar en 2025?
El compromiso del 2 % del PIB es una meta vinculante para los países de la OTAN desde la Cumbre de Gales en 2014. España lo incumplió durante más de dos décadas. En 2025, lo superó por primera vez en 32 años.
La razón principal es la aceleración de los programas de modernización: compra de aviones F-35, renovación de la flota de fragatas, desarrollo del sistema de defensa aérea SAMP/T NG, y la creación del Cuerpo de Ciberdefensa. Estos proyectos requieren inversión anticipada y contratos plurianuales.
Además, el Ministerio de Defensa activó el Fondo de Reserva para Emergencias Estratégicas, financiado con partidas reasignadas de otros ministerios y fondos europeos del Instrumento Europeo de Apoyo a la Paz (IEAP).
¿Cómo afecta este aumento al presupuesto público y a la economía española?
El gasto militar ahora representa más del 6 % del gasto no financiero del Estado, superando al de Educación Superior y acercándose al de Sanidad Pública.
El impacto económico es dual: por un lado, impulsa la industria de defensa nacional, con empresas como Navantia, Indra y Airbus Defense & Space incrementando su facturación un 38 % interanual. Por otro, genera presión sobre el déficit público, especialmente con la subida de los tipos de interés y la reducción de los márgenes fiscales.
El Banco de España advirtió en su informe de abril de 2026 que el aumento del gasto militar no está compensado con ingresos adicionales, lo que podría retrasar la consolidación fiscal prevista para 2027.
¿Qué marco legal regula el gasto militar en España hoy?
No existe una ley específica que fije un porcentaje mínimo de gasto en Defensa. Su regulación se basa en tres pilares:
Ley de Presupuestos Generales del Estado
Establece anualmente la dotación para el Ministerio de Defensa, sujeto a control parlamentario y fiscalización por el Tribunal de Cuentas.
Ley de Seguridad Nacional (2015, reformada en 2023)
Define las amenazas estratégicas y autoriza la inversión en capacidades críticas: ciberseguridad, resiliencia energética y defensa espacial.
Acuerdos de la OTAN y fondos europeos
España ejecuta proyectos cofinanciados por el Fondo Europeo de Defensa (EDF) y el IEAP, lo que exige cumplir con estándares de interoperabilidad y transparencia contable.
¿Qué implica el salto al puesto 15 global en gasto militar?
España dejó atrás a países como Turquía y Canadá en el ranking del SIPRI. Este ascenso refleja no solo mayor inversión, sino también una mayor capacidad de proyección estratégica: participación en misiones de la UE en el Sahel, despliegues en Lituania bajo el escudo de la OTAN y acuerdos de cooperación con países del Indo-Pacífico.
Sin embargo, el gasto per cápita sigue siendo inferior a la media de la OTAN (1.020 € vs. 1.450 €), lo que revela desafíos de eficiencia y escalabilidad.
Datos Clave
- El gasto militar español creció un 50 % en un año y un 122 % en la última década.
- Se alcanzó el 2,1 % del PIB, superando por primera vez desde 1994 el umbral de la OTAN.
- España es ahora el 15.º mayor gasto militar del mundo, con el 1,4 % del total global.
- Europa registró un aumento del 14 % en inversión militar en 2025: el mayor desde el fin de la Guerra Fría.
- El gasto mundial alcanzó los 2,89 billones de dólares, el nivel más alto desde 2009.
El contexto actual —guerra en Ucrania, tensiones en el Indo-Pacífico y ciberamenazas transnacionales— ha convertido la defensa en un bien público prioritario. Pero su financiación exige equilibrio: entre seguridad colectiva y sostenibilidad fiscal, entre soberanía industrial y cooperación europea, entre transparencia democrática y necesidades operativas clasificadas.
