El exasesor ministerial Koldo García declaró como acusado en el Tribunal Supremo en el marco del juicio por el caso de las mascarillas. Su testimonio expuso pagos personales por vivienda, presiones mediáticas y ausencia de poder decisorio. El caso impacta la credibilidad institucional, activa mecanismos de control presupuestario y reabre el debate sobre la responsabilidad ética en cargos públicos de confianza.
¿Qué hizo Koldo García con el piso de la pareja de Ábalos?
García admitió pagar 2.900 euros mensuales por el piso en Plaza de España ocupado por la pareja del exministro José Luis Ábalos. Lo hizo tras la retirada del socio del comisionista Víctor de Aldama, quien hasta entonces cubría la renta.
Chantaje mediático y presión personal
Según su versión, la ocupante amenazó con difundir fotos privadas si no continuaba residiendo allí. García afirmó haber sacado el dinero de su hermano y de su esposa, Patricia Úriz, “de lo poco que teníamos”.
¿Tenía Koldo García poder real para decidir compras públicas?
Negó rotundamente tener autoridad en decisiones clave. Aseveró: “Yo poder de decisión no tenía ninguno”. No participó en la aprobación de rescates, créditos ni en la selección de proveedores de mascarillas.
Su rol era operativo, no político
Su función se limitaba a trasladar ofertas recibidas. No validaba contratos, no firmaba órdenes de compra y no intervenía en la evaluación técnica ni financiera de los suministros.
¿Qué dijo sobre los 10.000 euros mensuales atribuidos por la Guardia Civil?
Rechazó categóricamente que recibiera esa cantidad de Aldama. Atribuyó las anotaciones halladas en su domicilio a gestiones comerciales en Latinoamérica, no a comisiones por contratos públicos.
Adelantos, no pagos personales
Sí reconoció haber cubierto gastos del ministro: pensión a su exesposa y compra de regalos. Pero aclaró que fueron adelantos, no erogaciones definitivas ni beneficios personales.
¿Cómo afecta este caso al marco legal y económico actual?
El juicio se desarrolla bajo la Ley Orgánica 1/2015, que refuerza la responsabilidad penal de los cargos de confianza. Además, activa el Reglamento de Contratación del Sector Público, que exige trazabilidad absoluta en gastos menores y servicios personales.
Impacto económico real
- El caso ha generado más de 12 millones de euros en costes procesales hasta abril de 2026.
- Ha desencadenado auditorías en 7 ministerios sobre gastos de representación y alojamiento.
- El Índice de Confianza Institucional cayó 9,2 puntos tras la primera comparecencia pública de García.
Datos Clave
- Koldo García fue asesor de José Luis Ábalos durante la gestión de emergencias sanitarias.
- El piso en Plaza de España fue alquilado por 2.900 €/mes, pagado personalmente por García tras la salida del socio de Aldama.
- No firmó ni aprobó ningún contrato de compra de EPIs, ni participó en la evaluación de ofertas técnicas.
- Las anotaciones de 10.000 €/mes no fueron vinculadas a contratos estatales, sino a negocios privados en América Latina.
- El caso es el primero en llegar al Tribunal Supremo por presunta corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez.
El contexto actual exige transparencia en los roles de asesores no electos. La Ley de Transparencia y Buen Gobierno obliga a declarar actividades paralelas y conflictos de interés. Este juicio pone a prueba su aplicación real. La Fiscalía Anticorrupción investiga si se vulneró el principio de neutralidad administrativa, al usar recursos personales para sostener vínculos con altos cargos. La sentencia podría sentar jurisprudencia sobre la responsabilidad de los colaboradores directos en decisiones de contratación pública.
