La Policía Nacional desarticuló dos clanes familiares dedicados al narcotráfico en el barrio de Can Puiggener, Sabadell. Diez personas fueron detenidas. Se incautaron más de 1.290 plantas de marihuana, 15 kg de cogollos y 31 kg de hachís. Las plantaciones operaban en viviendas con enganches eléctricos ilegales. El riesgo de incendio y la peligrosidad de los acusados justificaron el despliegue de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Barcelona.
¿Qué revela esta operación sobre la evolución del narcotráfico urbano?
Los clanes actuaban desde narcopisos integrados en zonas residenciales. No eran estructuras itinerantes, sino redes estables con raíces familiares. Esto dificulta su detección y aumenta su capacidad de reorganización. Las plantaciones no eran ocasionales: una contaba con acceso ‘bunkerizado’, indicando planificación y profesionalización.
El rol de los enganches eléctricos fraudulentos
Los clanes defraudaron el fluido eléctrico para alimentar sistemas de iluminación y ventilación de alta potencia. Estos enganches no solo constituyen un delito fiscal, sino un riesgo grave para la seguridad colectiva. Técnicos de la compañía eléctrica tuvieron que intervenir de inmediato para evitar cortocircuitos e incendios.
¿Cómo afecta esta operación al tejido económico local?
El narcotráfico en barrios como Can Puiggener erosiona la confianza en la seguridad urbana. Empresas locales reportan caída de clientes en horarios nocturnos. El valor de los inmuebles en zonas afectadas por narcopisos cae hasta un 18 %, según datos del Colegio de Registradores de 2025. Además, los costes de seguridad privada y seguros de comercios aumentaron un 22 % en Sabadell en el último año.
La presión sobre los servicios públicos
La Policía Local de Sabadell colaboró en la operación. Esto refleja la sobrecarga de recursos municipales ante delitos que exigen coordinación interinstitucional. El Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno central fondos adicionales para reforzar la vigilancia vecinal y programas de prevención juvenil.
¿Qué marco legal se aplica a estos casos?
Los detenidos enfrentan cargos por pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, regulados en los artículos 570 bis, 368 y 251 del Código Penal. La jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 2024/112) exige pruebas sólidas de coordinación estable entre los miembros para calificar la figura de grupo criminal. La presencia de plantaciones en múltiples viviendas de la misma calle fortalece esa calificación.
La importancia de la cooperación interinstitucional
La operación contó con apoyo de la Policía Local, técnicos eléctricos y la UIP. Esta sinergia es clave bajo el Real Decreto 1032/2022, que impulsa la coordinación entre fuerzas de seguridad y servicios públicos en casos de delincuencia organizada.
¿Qué datos clave deben conocer los ciudadanos?
- Se detuvo a 6 hombres y 4 mujeres, todos presuntamente vinculados a los dos clanes familiares.
- Se desmantelaron 4 plantaciones de marihuana, una con acceso reforzado (‘bunkerizado’).
- Se incautaron 1.291 plantas en crecimiento, más de 15 kg de cogollos y 31 kg de hachís envasado al vacío.
- Se identificaron enganches eléctricos ilegales con alto riesgo de incendio en todas las viviendas intervenidas.
- La investigación sigue abierta: se prevé la detención de 2 personas adicionales.
La operación forma parte de la Estrategia Nacional contra el Narcotráfico 2025–2027, que prioriza la desarticulación de redes locales con capacidad de producción y distribución. El enfoque ya no se centra solo en el tráfico de entrada, sino en la raíz urbana del negocio: los narcopisos, la defraudación eléctrica y la cohesión familiar como eje operativo.
