Más de 82,2 millones de personas fueron desplazadas internamente en 2025. La cifra, aunque ligeramente inferior a la de 2024, refleja una crisis estructural: los desplazamientos por conflicto armado superaron por primera vez a los causados por desastres climáticos. La repetición de huidas, la falta de soluciones duraderas y la intensificación de la violencia en zonas como Irán y la República Democrática del Congo marcan un nuevo umbral de inestabilidad humana.
¿Por qué los desplazamientos internos aumentaron en 2025 pese a la cifra ligeramente menor?
La reducción de 1,2 millones respecto a 2024 no indica mejora real. El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) explica que la caída se debe principalmente a una disminución de desplazamientos por desastres climáticos, no a una reducción de la violencia. En cambio, los movimientos forzados por conflicto o violencia crecieron un 60%, alcanzando 32,3 millones.
Esto revela un patrón peligroso: las personas no solo huyen una vez, sino varias. Muchos son desplazados recurrentes, obligados a migrar entre campamentos tras ataques sucesivos. Su vulnerabilidad se multiplica por la ausencia de protección legal efectiva y la saturación de servicios humanitarios.
¿Qué países lideran la crisis de desplazamiento interno en 2025?
Dos naciones concentran la mayor parte de los nuevos desplazamientos por violencia: Irán y la República Democrática del Congo.
- En Irán, un tercio de todos los desplazamientos por conflicto en 2025 se originaron en movimientos temporales desde Teherán, tras órdenes de evacuación y ataques aéreos de Israel y Estados Unidos en junio.
- En la República Democrática del Congo, la escalada entre el grupo armado M23 y las fuerzas gubernamentales desplazó a cientos de miles. La inseguridad crónica, la falta de control estatal en el este del país y la explotación de recursos naturales alimentan el ciclo de violencia.
Otros focos críticos incluyen Sudán, Ucrania, Afganistán y Myanmar, donde los desplazamientos se han vuelto endémicos y se entrelazan con crisis alimentarias y colapsos sanitarios.
¿Cómo afecta esta crisis al marco legal y a la economía global?
No existe un tratado internacional vinculante que proteja a los desplazados internos (IDPs). A diferencia de los refugiados, no gozan de estatus jurídico bajo el derecho internacional. Su protección depende exclusivamente de los Estados, muchos de los cuales carecen de capacidad institucional o voluntad política.
Desde el punto de vista económico, los costos son abrumadores:
- Cada desplazado interno representa una pérdida promedio de USD 1.200 anuales en productividad, según estimaciones del Banco Mundial.
- Los países más afectados destinan hasta un 12% de su presupuesto nacional a emergencias humanitarias, desviando fondos de educación, salud y desarrollo.
- La inversión extranjera directa cae un 23% en zonas con altos índices de desplazamiento, según el Informe Global de Riesgo Político 2025.
Datos Clave
- 82,2 millones de desplazados internos en 2025: cifra más alta de la última década, excepto 2024.
- 32,3 millones desplazados por conflicto o violencia: +60% respecto a 2024.
- 29,9 millones por desastres climáticos: la cifra más baja desde 2010.
- Por primera vez desde 1998, los desplazamientos por conflicto superan a los climáticos.
- Irán y RD Congo concentran más del 40% de los nuevos desplazamientos por violencia.
¿Qué implica el aumento de desplazamientos recurrentes para la política humanitaria?
El fenómeno de los desplazados recurrentes exige un cambio de paradigma. Las respuestas tradicionales —campamentos temporales, ayuda alimentaria puntual— fracasan cuando las personas huyen cinco, diez o más veces.
Se requiere una estrategia de protección anticipada, que incluya:
- Sistemas tempranos de alerta basados en inteligencia de conflictos y datos satelitales.
- Mecanismos de relocalización segura dentro del territorio nacional, con garantías de tierra y servicios.
- Integración de los IDPs en planes nacionales de desarrollo, no como beneficiarios aislados.
La Convención de Kampala (2009) sigue siendo el marco más avanzado, pero solo 35 Estados africanos la han ratificado. Su aplicación efectiva sigue siendo excepcional, no norma.
La crisis de desplazamiento interno ya no es un problema secundario. Es un indicador temprano de colapso institucional, riesgo sistémico y fractura social. Ignorarla agrava las desigualdades, alimenta el extremismo y socava la estabilidad regional. La respuesta no es solo humanitaria: es estratégica, legal y económica.
