La okupación ilegal de viviendas en Moaña ha escalado a una crisis de seguridad jurídica y patrimonial. Manuel Riobó, propietario de una vivienda en O Con, lleva meses sin recuperar su inmueble ni su garaje comercial, ocupados por el exnovio de su hija desde 2021. A pesar de tres procedimientos judiciales en marcha y una demanda de desahucio por precario presentada el 2 de abril de 2025, la vista no se celebrará hasta octubre de 2025. La demora afecta directamente su derecho de propiedad y su capacidad económica.
¿Qué es el desahucio por precario y cuándo procede?
El desahucio por precario es la vía legal más ágil para recuperar una vivienda ocupada sin título válido. No requiere contrato ni relación previa entre propietario y ocupante. Basta con probar que el ocupante carece de título jurídico (como alquiler, cesión o herencia) y que no paga contraprestación.
En el caso de Moaña, el demandado se instaló en 2021 como pareja de la hija del propietario. Tras la ruptura el 23 de julio de 2024, decidió quedarse sin autorización. Esa conducta activa el régimen de precario, según el artículo 250.1.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
¿Por qué se retrasa tanto el juicio?
La demora no es atípica. El demandado renunció a su abogado y solicitó defensa de oficio, lo que generó una prórroga de dos meses. Además, los juzgados de Cangas soportan una carga media de 180 expedientes de desahucio al mes. El sistema judicial gallego registra un 32 % de aumento en demandas por ocupación ilegal desde 2023.
¿Puede el Concello cerrar un negocio sin licencia en una vivienda okupada?
Sí. El Concello de Moaña tiene competencia exclusiva sobre licencias de apertura y actividad. La ausencia de licencia es infracción administrativa grave, independiente del estado del proceso judicial. El hecho de que el caso esté judicializado no exime al Ayuntamiento de actuar.
Riobó solicitó el cierre del lavadero de coches en septiembre de 2025. La inacción municipal podría derivar en responsabilidad patrimonial si se acredita negligencia. La Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, obliga a la Administración a velar por el orden urbanístico y la seguridad ciudadana.
¿Qué pasa si el ocupante ejerce una actividad económica ilícita?
Un negocio sin licencia en una vivienda okupada agrava la infracción. Se suman tres planos de ilegalidad: la ocupación sin título, la falta de licencia de actividad y la vulneración del régimen de uso del suelo. Esto permite al Ayuntamiento actuar de oficio, sin necesidad de denuncia previa.
¿Qué otros procedimientos judiciales pueden coexistir con el desahucio?
El caso de Moaña evidencia la complejidad de los conflictos derivados de la okupación. El ocupante enfrenta tres causas simultáneas:
- Desahucio por precario (Juzgado de Primera Instancia de Cangas)
- Denuncia por amenazas y daños (derivada de un intento de recuperación pacífica)
- Causa por violencia de género, con solicitud de medida cautelar denegada por falta de peligrosidad acreditada
Estas vías no se excluyen. De hecho, su acumulación refuerza la gravedad del caso y puede acelerar la ejecución del desahucio si se acredita mala fe o conducta intimidatoria.
¿Qué dice la ley sobre la convivencia post-ruptura en viviendas ajenas?
La jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 456/2022) es clara: la mera convivencia sentimental no genera derecho de uso sobre una vivienda ajena. Tras la ruptura, el ocupante debe abandonar inmediatamente. Cualquier permanencia posterior se presume precario, salvo que se pruebe un acuerdo expreso y válido.
Datos Clave
- El desahucio por precario es el procedimiento más rápido para recuperar una vivienda ocupada sin título
- El plazo medio entre demanda y vista en Galicia es de 6,2 meses (CGPJ, 2025)
- El Concello de Moaña puede sancionar y clausurar un local sin licencia, incluso si hay causa judicial abierta
- La ocupación de una vivienda para explotar un negocio sin licencia configura infracción urbanística y administrativa
- La coexistencia de causas penales y civiles no paraliza el desahucio, sino que puede reforzar su fundamento
El impacto económico es tangible: Riobó no percibe ingresos por el garaje comercial desde 2021. Además, asume gastos de comunidad, impuestos y seguros sin contrapartida. Desde el punto de vista legal, el caso pone en evidencia las grietas entre la protección del derecho de propiedad y la lentitud procesal. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 2024 no ha reducido los tiempos reales de resolución en zonas rurales y semiurbanas de Galicia. La falta de coordinación entre Administración local y judicial agrava la indefensión del propietario.
