La Audiencia Nacional ha anulado la absolución de la actriz Ana Duato y del productor Miguel Ángel Bernardeu en el caso Nummaria, ordenando un nuevo juicio. La Sala de Apelación consideró insuficientes las razones lógicas de la sentencia anterior. El fallo afecta directamente la seguridad jurídica en delitos fiscales y refuerza el control sobre asesores y clientes en estructuras de planificación tributaria agresiva.
¿Por qué la Audiencia Nacional anuló la absolución de Ana Duato?
El tribunal estimó el recurso de la Abogacía del Estado, al detectar fallos graves en la motivación de la sentencia de julio de 2025. La Sala no justificó con lógica racional por qué eximió a Duato y Bernardeu de responsabilidad penal por defraudación del IPRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) entre 2010 y 2012.
La resolución de 389 páginas subraya que la motivación judicial debe ser clara, coherente y basada en pruebas. No basta con dudas razonables: se exige una valoración rigurosa de la conducta, la intención y la estructura societaria utilizada.
El papel de Nummaria en la planificación fiscal
El despacho Nummaria, liderado por Fernando Peña, diseñó esquemas para clientes mediante sociedades offshore y operaciones simuladas. Estos mecanismos buscaban reducir la base imponible sin justificación económica real. La Audiencia Nacional ha reiterado que la mera existencia de una sociedad no exime de responsabilidad si su uso es meramente instrumental para el fraude.
¿Qué cambia para los contribuyentes tras esta anulación?
La decisión marca un punto de inflexión en la interpretación judicial del fraude fiscal. Ya no basta con alegar desconocimiento o delegación en asesores. La responsabilidad recae directamente sobre el contribuyente final, especialmente cuando firma documentos, recibe beneficios o participa en decisiones estratégicas.
Esto eleva el estándar de diligencia. Los ciudadanos deben exigir transparencia, documentación contable sólida y asesoramiento con respaldo legal real —no solo con enfoque en ahorro tributario.
Impacto económico del caso Nummaria
El caso afecta a más de 200 clientes. Las reclamaciones acumuladas superan los 120 millones de euros en deudas tributarias. La anulación de la absolución de Duato refuerza la capacidad de la Agencia Tributaria para perseguir responsabilidades personales, incluso en estructuras complejas.
Empresas de asesoría fiscal están revisando sus modelos de negocio. Muchas han suspendido servicios de optimización offshore. El mercado demanda ahora asesoramiento preventivo, no reactivos.
¿Qué sucede con Fernando Peña, el asesor fiscal de Nummaria?
La Sala redujo su pena de 80 a 78 años de prisión. Lo hizo al declarar prescrito uno de los delitos fiscales y al ajustar cuotas defraudadas en otros. Pero mantiene su condena como autor intelectual y gestor central del esquema.
El fallo confirma que los asesores fiscales pueden ser juzgados como coautores —no meros intermediarios— cuando diseñan, promocionan y ejecutan planes fraudulentos con conocimiento de causa.
Marco legal aplicable
La sentencia se basa en el artículo 305 del Código Penal, que castiga la defraudación tributaria con penas de prisión y multa. También aplica la Ley General Tributaria, que establece la responsabilidad solidaria entre cliente y asesor en ciertos supuestos de mala fe.
Además, la Directiva UE 2018/822 (DAC6) obliga a la notificación de estructuras agresivas. España la incorporó en 2021. Nummaria operó antes de su entrada en vigor, pero su esquema es hoy claramente ilegal bajo ese marco.
Datos Clave
- La Audiencia Nacional anuló la absolución por falta de motivación lógica y racional.
- El caso involucra defraudación del IPRPF en los ejercicios 2010–2012.
- Fernando Peña sigue condenado a 78 años de cárcel como autor principal.
- Más de 200 clientes están bajo investigación por esquemas similares.
- La Agencia Tributaria ha recaudado ya 47 millones de euros en devoluciones y sanciones derivadas del caso.
- El fallo refuerza la doctrina de la responsabilidad personal del contribuyente, incluso con asesoría externa.
La anulación no es un mero trámite procesal. Es una advertencia clara: la planificación fiscal debe tener sustento económico real, transparencia contable y respeto al espíritu de la ley. El fraude disfrazado de optimización ya no encuentra refugio en la complejidad jurídica.
