Irene Montero, eurodiputada de Podemos y secretaria política del partido, declaró este 31 de mayo de 2026 que ‘este Gobierno está enterrado y la legislatura agotada’. Lo hizo antes de participar en una manifestación en defensa de la sanidad pública en Madrid. Su mensaje no es meramente retórico: refleja una evaluación política estructural, vinculada a la falta de soluciones reales en vivienda, sanidad y precios, y al impacto de escándalos de corrupción.
¿Qué implica decir que un Gobierno está ‘enterrado’?
La expresión ‘Gobierno enterrado‘ no es un eufemismo. Denota la pérdida de legitimidad democrática, la ausencia de capacidad de respuesta y la ruptura del vínculo de confianza con la ciudadanía. Montero vincula este estado con el fracaso en resolver problemas cotidianos: listas de espera en sanidad pública, alquileres insostenibles y la inflación persistente.
Este diagnóstico no se limita a la crítica. Tiene consecuencias prácticas: condiciona la viabilidad de acuerdos parlamentarios, afecta la estabilidad presupuestaria y debilita la capacidad de ejecución de reformas estructurales.
¿Cuál es el marco legal y político de esta declaración?
En el sistema parlamentario español, la moción de censura y la negativa a aprobar los Presupuestos Generales del Estado son los mecanismos constitucionales para retirar apoyo a un Gobierno. Montero no anunció una moción, pero su lenguaje anticipa una estrategia de presión política creciente.
El artículo 113 de la Constitución Española permite retirar la confianza al presidente del Gobierno mediante moción de censura. Además, el artículo 134 exige que los Presupuestos se aprueben anualmente: su rechazo o paralización prolongada puede desencadenar la disolución anticipada de las Cortes.
Actualmente, el Gobierno depende de apoyos parlamentarios heterogéneos. Cualquier fractura en esos bloques puede activar mecanismos de inestabilidad institucional.
¿Cómo afecta esto al contexto económico actual?
La crítica de Montero no surge en el vacío. En 2026, la inflación subyacente se mantiene en el 4,2%, según el INE. El precio medio del alquiler en Madrid supera los 1.400 €/mes. Las listas de espera quirúrgicas han crecido un 18% interanual.
Estos datos no son solo sociales: son indicadores de riesgo fiscal y desgaste administrativo. La sanidad pública representa el 7,2% del PIB. Su deterioro incrementa gastos en atención privada y reduce la productividad laboral. La vivienda, por su parte, afecta directamente al índice de pobreza relativa, que alcanzó el 22,4% en 2025.
¿Qué precedentes históricos invoca Montero?
Montero evoca tres hitos clave de la izquierda española:
Cuando Aznar nos metió en una guerra ilegal
Hace referencia a la participación de España en la invasión de Irak en 2003, sin respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU. Fue un punto de inflexión en la política exterior y en la confianza ciudadana.
La reforma del artículo 135 de la Constitución
En 2011, el Gobierno de Zapatero modificó la Constitución para priorizar el pago de la deuda pública sobre el gasto social. Esta reforma sigue siendo objeto de debate jurídico y económico.
El Gobierno de Rajoy y la corrupción
Montero califica a Rajoy como ‘el más corrupto de la historia de la democracia’, aludiendo a los casos Gürtel, Púnica y Lezo, que llevaron a condenas del Tribunal Supremo y al expresidente del PP a prisión.
Datos Clave
- Montero hizo la declaración el 31 de mayo de 2026, horas antes de una manifestación ciudadana masiva en Madrid.
- La Plataforma de Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid convocó la protesta por recortes y privatizaciones en sanidad.
- El PSOE y Unidas Podemos rompieron su coalición de Gobierno en marzo de 2025 tras desacuerdos sobre el Plan de Vivienda 2025–2027.
- Según el CIS de abril de 2026, el 63% de los encuestados considera que el Gobierno ‘no resuelve problemas reales’.
- El caso Zapatero-Plus Ultra, abierto en febrero de 2026, investiga presuntas comisiones en contratos públicos de energía y ha generado crisis de confianza en la administración central.
