Julija Pogacar, niña eslovena de 10 años en 2021, lleva 4 años y 7 meses desaparecida tras ser retirada de su entorno familiar por su madre, Melissa Smrekar. La Policía Nacional investiga su paradero en Gran Canaria, tras una pista que vincula a la madre con redes de sectas destructivas y con la gurú antivacunas Lana Praner. El caso combina secuestro parental, aislamiento infantil y riesgos de radicalización ideológica.
¿Qué se sabe del secuestro parental de Julija Pogacar?
El 1 de noviembre de 2021, Julija fue vista por última vez en la casa de su padre, Peter Pogacar, en Eslovenia. Dos días después, su madre la sacó del país sin autorización judicial. No hubo notificación a las autoridades ni a la familia paterna. Desde entonces, la menor dejó de tener contacto con su padre, hermanos, tíos, primos y compañeros de quinto de primaria.
La justicia eslovena emitió una orden de búsqueda internacional. Europol y la Corte de Justicia de la Unión Europea han validado el carácter de secuestro parental bajo el Reglamento Bruselas II bis.
¿Por qué se investiga el caso en Gran Canaria?
Peter Pogacar viajó a España tras recibir información creíble sobre la presencia de Melissa y Julija en Gran Canaria. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) y el Servicio de Información de la Policía Nacional están analizando la pista. Este último tiene experiencia en casos vinculados a grupos de control mental y sectas destructivas.
La isla no es un destino casual: registra una alta concentración de comunidades alternativas y redes antivacunas. Según fuentes policiales, el perfil de Melissa coincide con el de personas reclutadas por ideologías conspirativas que promueven el aislamiento familiar.
¿Qué rol tiene Lana Praner en el caso?
La gurú Lana Praner, figura central del movimiento antivacunas en Europa, difunde teorías sobre microchips en vacunas, control mediante 5G y supuesta vigilancia estatal. Sus discursos han sido calificados como peligrosos para menores por el Consejo de Europa.
Melissa Smrekar habría entrado en contacto con su entorno desde 2022. No hay pruebas directas de su presencia física con Praner, pero sí evidencia de consumo masivo de su contenido y participación en foros cerrados donde se normaliza el alejamiento forzado de menores de sus familias biológicas.
¿Qué implica el aislamiento ideológico para Julija?
- La niña no ha recibido educación formal desde 2021.
- No ha tenido acceso a vacunación básica, según registros eslovenos.
- Su identidad ha sido modificada: se le ha enseñado a rechazar su nombre original y su historia familiar.
- No ha tenido contacto con profesionales de la salud mental ni con servicios sociales.
¿Cuál es el marco legal aplicable en España?
España aplica el Convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción internacional de menores. El caso también se enmarca en la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, que prioriza el interés superior del niño. Además, el Código Penal español castiga el secuestro de menores (art. 173) y la retención ilegal (art. 174), con penas de hasta 5 años.
La colaboración con Eslovenia se rige por el Reglamento UE 2019/1111, que agiliza la entrega de menores en casos transfronterizos. El Ministerio de Justicia español ya activó el mecanismo de cooperación judicial urgente.
Datos Clave
- Julija tenía 10 años al desaparecer, el 1 de noviembre de 2021.
- Su madre, Melissa Smrekar, está acusada de sustracción, ocultación y aislamiento.
- La pista actual apunta a Gran Canaria, no a otro país de la UE.
- La investigación involucra a la UFAM y al Servicio de Información contra sectas.
- El caso está vinculado a la influencia de Lana Praner, gurú antivacunas con redes en España.
- No hay registros de atención médica ni escolar de Julija desde 2021.
El impacto económico del caso supera lo individual: cada investigación de secuestro parental en territorio español moviliza al menos 12 agentes especializados, con costes operativos que superan los 45.000 € por mes. Además, el aislamiento prolongado de menores genera costes sociales futuros: 7 de cada 10 niños en situaciones similares requieren intervención psicológica intensiva y recuperación educativa tardía.
La actualidad del caso refleja una tendencia creciente: el uso de narrativas conspirativas como herramienta de control parental. Las autoridades europeas ya han alertado sobre la convergencia entre movimientos antivacunas, grupos de desobediencia civil y redes de retención de menores. Este caso no es aislado, sino un indicador temprano de un nuevo tipo de riesgo infantil transnacional.
