El vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, será interrogado como investigado por el juez José María Escribano. La causa gira en torno al préstamo de 475 millones de euros concedido a Air Europa en noviembre de 2020. El magistrado considera que los hechos podrían constituir prevaricación administrativa, un delito grave en el ordenamiento jurídico español.
¿Qué es la prevaricación administrativa y por qué se aplica a este caso?
La prevaricación administrativa ocurre cuando un funcionario público dicta una resolución manifiestamente injusta, sin fundamento legal o contra expresa disposición de la ley. En este caso, el juez aprecia que la decisión de aprobar el préstamo no cumplió con los estándares de transparencia, proporcionalidad y control previo exigidos para operaciones de esta magnitud.
El préstamo se otorgó en plena crisis aérea, sin garantías suficientes ni análisis de viabilidad financiera actualizada. Además, Air Europa ya acumulaba deudas significativas y su situación patrimonial era crítica. La falta de evaluación rigurosa activa la sospecha de que se priorizó una decisión política sobre criterios técnicos objetivos.
¿Quiénes más podrían verse implicados en la investigación?
El juez ha ordenado identificar a todos los actores clave en el proceso de toma de decisiones:
- El secretario del consejo gestor
- Los vocales con voz y voto en las reuniones decisivas
- Los técnicos instructores del expediente
- El autor del informe de la Abogacía del Estado que avaló la operación
- Los invitados externos a las sesiones del consejo
Esto evidencia que la investigación no se centra únicamente en Lora, sino en la cadena de responsabilidad institucional completa.
¿Qué documentos ha exigido el juez para esclarecer los hechos?
El magistrado ha solicitado el expediente íntegro del préstamo, incluyendo:
- Actas, borradores y anexos de las reuniones del consejo gestor
- Listados oficiales de asistentes a cada sesión
- Informes de fiscalización previos y posteriores a la operación
- Correos electrónicos y minutas entre SEPI y gabinetes ministeriales
- Consultas sobre antecedentes legales y financieros de Air Europa
Esta solicitud refleja la gravedad del escrutinio: no basta con el acta final. Se exige transparencia en cada etapa del proceso, desde la concepción hasta la ejecución.
¿Cuál es el impacto económico real del préstamo a Air Europa?
El rescate no evitó la quiebra de la aerolínea. Air Europa fue finalmente absorbida por IAG en 2023 tras una reestructuración que implicó pérdidas millonarias para el Estado. El préstamo se convirtió en un activo tóxico sin retorno directo. Según estimaciones del Tribunal de Cuentas, el coste fiscal total superó los 320 millones de euros en pérdidas contables y costes de gestión.
Además, la operación desvió recursos públicos que podrían haberse destinado a otras empresas estratégicas o a programas de reindustrialización.
¿Qué marco legal regula los préstamos de SEPI y qué falló aquí?
SEPI actúa bajo la Ley 5/2015 de Sociedades Estatales y el Real Decreto 1135/2016, que exigen:
- Evaluación previa de viabilidad económica y financiera
- Informe vinculante de la Abogacía del Estado
- Aprobación por mayoría cualificada del consejo gestor
- Publicidad de los criterios de concesión
En este caso, varios de esos requisitos no se cumplieron de forma documentalmente verificable. El juez señala que no se aportó prueba fehaciente de que se analizaran alternativas viables o que se evaluara el riesgo de impago con metodología estandarizada.
¿Qué consecuencias tiene para la gobernanza pública?
Este caso pone en evidencia una debilidad estructural: la falta de independencia real de los consejos gestores frente a presiones políticas. La SEPI no es un banco comercial. Su misión es preservar el valor público de las participaciones estatales, no financiar rescates sin garantías. La imputación de Lora abre un precedente para exigir responsabilidad individual en decisiones que comprometen el patrimonio del Estado.
Datos Clave
- El préstamo fue de 475 millones de euros, concedido en noviembre de 2020
- El juez José María Escribano admitió la querella de PP y Vox en junio de 2026
- La declaración de Lora está fijada para el 3 de julio de 2026, a las 9:30 horas
- El Tribunal de Cuentas estimó pérdidas fiscales superiores a 320 millones de euros
- La operación se realizó sin informe técnico actualizado ni garantías reales de devolución
