La operación Curricán ha dejado 30 detenidos en Canarias por presuntos delitos contra la libertad sexual, corrupción de menores y delitos contra la salud pública. La investigación, bajo secreto de sumario, se centra en la distribución de pornografía infantil y afecta a menores de 16 años. Agentes de la Policía Autonómica ejecutaron registros en nueve municipios de Gran Canaria y uno en El Hierro. El caso está bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, plaza 3.
¿Qué es la operación Curricán y cuál es su alcance real?
La operación Curricán es una macroinvestigación liderada por la Policía Autonómica de Canarias. No es un operativo aislado, sino una respuesta estructural a redes digitales de explotación infantil. Su nombre no es simbólico: alude a la técnica de pesca con anzuelo, reflejando cómo los presuntos autores atraían a menores mediante engaños o manipulación.
El número de detenidos pasó de 17 a 30 en menos de 48 horas. Esto evidencia una escalada operativa basada en análisis forense digital en tiempo real. Los registros no se limitaron a domicilios: incluyeron dispositivos electrónicos, servidores locales y cuentas encriptadas.
¿Por qué se involucró a 130 agentes?
La participación de más de 130 efectivos responde a la complejidad técnica y jurídica del caso. No se trata solo de arrestos, sino de preservar cadenas de custodia digitales válidas ante tribunales. Unidades especializadas como el Subgrupo de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y el Grupo de Menores garantizaron la protección integral de las víctimas desde la primera intervención.
¿Qué municipios afectó la operación Curricán?
Los registros se distribuyeron estratégicamente: 14 en Las Palmas de Gran Canaria, seguidos de intervenciones en Arucas (4), Santa Brígida (2), Telde (2), Santa Lucía de Tirajana (3), Mogán (1), San Bartolomé de Tirajana (1), Teror (1) e El Hierro (1). Esta dispersión geográfica revela una red descentralizada, con nodos operativos en islas distintas.
La presencia en El Hierro —la isla más pequeña de Canarias— no es casual. Indica que los presuntos delitos trascienden la densidad poblacional y apuntan a una infraestructura tecnológica móvil y adaptable.
¿Qué se incautó en los registros?
Los agentes secuestraron dispositivos electrónicos, soportes de almacenamiento externo, documentación física y accesos a plataformas en la dark web. Todo ello será sometido a análisis forense por el Laboratorio de Criminalística Digital de la Policía Canaria. El objetivo: identificar patrones de contacto, cronologías de abuso y posibles víctimas no denunciadas.
¿Cuál es el marco legal que ampara la operación Curricán?
La investigación se sustenta en el Código Penal español, especialmente en los artículos 189 (corrupción de menores), 191 (abuso sexual), 197 (violación) y 197.3 (explotación sexual). Además, se aplica la Ley Orgánica 1/2015, de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. El secreto de sumario responde al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que protege la integridad de las víctimas y la eficacia de la investigación.
El Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, plaza 3, asume la competencia por ser el órgano especializado en violencia sobre la infancia y la adolescencia, creado tras la reforma del 2022 para agilizar causas con víctimas menores.
¿Cuál es el impacto económico y social de casos como Curricán?
Cada caso de explotación infantil genera costes directos superiores a los 250.000 euros por víctima, según datos del Observatorio de Infancia de Canarias (2025). Estos incluyen atención psicológica, acompañamiento jurídico, reubicación familiar y seguimiento educativo. Además, la operación Curricán activó protocolos de cooperación con Europol y la Red de Centros de Protección a la Infancia (REDCPI), lo que implica inversión pública en ciberseguridad y formación especializada.
Datos Clave
- 30 detenidos, 17 en la fase inicial y 13 adicionales tras análisis digital
- 14 registros domiciliarios solo en Las Palmas de Gran Canaria
- 130 agentes de 8 unidades especializadas de la Policía Canaria
- 15 municipios afectados, incluyendo El Hierro
- Investigación bajo secreto de sumario, dirigida por el Tribunal de Instancia, plaza 3
- Base legal: Código Penal, Ley Orgánica 1/2015, y Ley de Enjuiciamiento Criminal
