La Policía Nacional ha detenido en Melilla a un hombre de 40 años acusado de agresión sexual telemática, ciberacoso, corrupción de menores y distribución de pornografía infantil. El sospechoso trabajaba en bares y cafeterías locales. Está en prisión preventiva tras una investigación de 18 meses que analizó más de un millón de archivos digitales.
¿Qué delitos se le imputan al detenido en Melilla?
El acusado enfrenta tres delitos de agresión sexual a menores de 16 años, todos cometidos por vía telemática. También se le atribuyen once delitos de ciberacoso, corrupción de menores, tenencia y distribución de material pornográfico infantil, y varios ilícitos contra la intimidad, incluida la captura de imágenes no consentidas de mujeres en espacios públicos.
Perfiles falsos bajo identidad femenina
El sospechoso creaba perfiles falsos en redes sociales, fingiendo ser una mujer joven. Usaba un lenguaje afectuoso y manipulador para ganarse la confianza de niñas y adolescentes.
Fase de extorsión tras obtener material íntimo
Una vez que las menores enviaban fotografías íntimas, el acusado las trasladaba a su perfil real. Allí iniciaba una fase de extorsión pura, exigiendo contenido más explícito o proponiendo dinero y regalos a cambio de sexo virtual.
¿Cómo se desarrolló la Operación Sirena II?
La investigación, bautizada como Operación Sirena II, comenzó el 29 de enero de 2025, tras dos denuncias presentadas por menores en situación de especial vulnerabilidad. El Grupo de Menores (GRUME) de Melilla lideró la operación con apoyo de la Unidad de Delitos Tecnológicos.
Trabajo de campo intensivo y análisis forense
Los agentes realizaron más de 50 declaraciones, reconocimientos presenciales y cruces de datos digitales. El análisis técnico reveló patrones de contacto repetitivo, uso de múltiples dispositivos y servidores en la nube para almacenar material ilegal.
¿Por qué es relevante esta operación desde el punto de vista legal y social?
Esta detención refleja la escalada de delitos sexuales en entornos digitales, especialmente en ciudades autónomas con alta densidad migratoria y menor cobertura de recursos especializados. Melilla carece de una Fiscalía de Menores propia, lo que retrasa procesos y aumenta la dependencia de estructuras de Ceuta y Málaga.
Impacto económico del ciberdelito sexual
Cada caso de pornografía infantil genera costos estimados de 120.000 € en investigación, protección de víctimas y seguimiento judicial (Informe CNP 2025). La Operación Sirena II movilizó a 17 agentes durante 18 meses, con un costo operativo superior a los 480.000 €.
Marco legal aplicable
El caso se enmarca en el Código Penal español, artículos 178 (agresión sexual), 189 (corrupción de menores), 191 (exhibicionismo y producción de material pornográfico infantil) y 197 (violación de la intimidad). Además, se aplica el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) por el uso indebido de imágenes personales.
¿Cuál es el perfil de las víctimas y su impacto psicosocial?
Las víctimas tienen entre 11 y 15 años. Algunas presentaban diagnósticos previos de trastorno de apego o aislamiento social, lo que incrementó su vulnerabilidad. El uso de redes sociales como TikTok y WhatsApp fue clave en el reclutamiento.
Datos Clave
- El sospechoso es considerado uno de los delincuentes sexuales más peligrosos de la historia de Melilla.
- La investigación analizó más de 1.000.000 de archivos digitales, incluidos chats, metadatos y copias de seguridad en la nube.
- Se identificaron al menos 14 menores afectadas, aunque solo tres denunciaron formalmente.
- El modus operandi incluyó perfiles falsos con identidad femenina y extorsión mediante promesas de regalos o dinero.
- La operación duró 18 meses, desde enero de 2025 hasta julio de 2026.
La Operación Sirena II evidencia la necesidad urgente de reforzar los equipos especializados en ciberdelincuencia infantil en ciudades autónomas. También subraya la importancia de la educación digital temprana y la capacitación de docentes y personal de hostelería como primeros detectores de riesgo. Las plataformas sociales deben mejorar sus sistemas de verificación de identidad y respuesta ante denuncias de menores.
