España se prepara para un cambio estructural en su modelo de financiación vial. Tras cinco años sin peajes en gran parte de Cataluña, el debate sobre la sostenibilidad financiera de las autopistas ha resurgido con fuerza. El déficit acumulado de mantenimiento, la presión europea y la necesidad de modernizar la red viaria impulsan una reforma que podría afectar a millones de conductores y empresas de transporte.
¿Por qué se eliminaron los peajes en Cataluña y qué ha cambiado desde entonces?
El 1 de septiembre de 2021, la Generalitat suprimió los peajes de la AP-7 (desde La Jonquera hasta Salou), la AP-2 (Zaragoza–El Vendrell), la C-32 (Barcelona–Lloret de Mar) y la C-33 (Barcelona–Montmeló). La medida buscaba reducir costes para los usuarios y estimular la movilidad regional.
Sin embargo, el secretario de Movilidad, Manel Nadal, y el presidente Salvador Illa han reconocido públicamente que la supresión pudo ser un «error». El deterioro acelerado de la infraestructura y la falta de ingresos específicos para su conservación han puesto en evidencia la fragilidad del modelo actual.
El impacto económico del déficit de mantenimiento
- Las carreteras catalanas acumulan un déficit de mantenimiento estimado en más de 1.200 millones de euros.
- Cada año, el coste de reparar baches, señalización obsoleta y puentes degradados crece un 7,3 %.
- El transporte por carretera representa el 82 % de las mercancías movilizadas en España, lo que multiplica el desgaste físico de la red.
¿Qué sistemas de peaje se están evaluando en España?
El Gobierno central y las comunidades autónomas analizan dos modelos europeos probados: el sistema de reconocimiento de matrícula (como en Portugal) y el de euroviñetas.
El primero utiliza cámaras de alta resolución, antenas RFID y sensores de clasificación vehicular para cobrar por tramo recorrido. Ya opera en Noruega, Suecia e Irlanda. Es compatible con la Directiva Europea 2019/1252 sobre financiación vial sostenible.
El segundo implica la compra de un permiso temporal (diario, semanal o anual) válido para circular en toda la red de autopistas de peaje. Es más simple de implementar, pero menos justo desde el punto de vista del usuario ocasional.
¿Qué dice la ley actual?
- La Ley de Carreteras 37/2023 obliga a garantizar la financiación del mantenimiento mediante ingresos específicos.
- El Real Decreto 1076/2022 autoriza la implantación de sistemas de cobro electrónico sin barreras físicas.
- La Directiva Europea 2022/388 exige que los nuevos sistemas sean interoperables y respeten la neutralidad tecnológica.
¿Cómo afectará el nuevo sistema a conductores y empresas de transporte?
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Carlos Folchi, advierte que la clave está en la finalidad del cobro: si es exclusivamente para mantenimiento de la red, será más aceptable. Si se usa para financiar otras partidas, generará rechazo.
Las empresas de logística ya calculan un aumento del 4,2 % en sus costes operativos si se aplica un sistema por kilómetro. En cambio, un modelo de euroviñeta anual podría reducir su carga administrativa en un 30 %.
Datos Clave
- El 68 % de las autopistas españolas están gestionadas por concesionarias privadas, cuyos contratos expiran entre 2026 y 2031.
- Portugal recaudó 412 millones de euros en 2025 mediante su sistema de reconocimiento de matrícula.
- La Comisión Europea financia hasta el 40 % de la inversión en infraestructura de cobro electrónico mediante fondos NextGenerationEU.
- En Cataluña, el 43 % de los camiones circulan por tramos con pavimento en estado crítico (informe DGT 2026).
¿Qué papel juega la tecnología en la nueva era de los peajes?
La digitalización no es opcional: los nuevos sistemas requieren integración con el Sistema Nacional de Información Vial (SNIV) y compatibilidad con el Certificado Digital de Vehículo (CDV). La interoperabilidad con los sistemas de otros países de la UE es obligatoria desde el 1 de enero de 2026.
Los dispositivos OBU (On-Board Unit) y los sistemas de reconocimiento automático de matrículas (ANPR) ya están siendo probados en la AP-7 y la AP-2. Su despliegue masivo comenzará en el segundo semestre de 2026.
El reto no es técnico, sino de transparencia: los usuarios exigen saber exactamente qué financian con cada euro. Sin esa confianza, ningún sistema durará.
