Más de 130.000 euros fueron desviados del erario público entre enero de 2018 y diciembre de 2022 mediante sobrecostes fraudulentos en obras de dependencias de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana. El auto de procesamiento dictado el 20 de julio de 2026 por la magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València revela un esquema estructurado de corrupción que afectó a cuatro sedes oficiales y se prolongó durante casi cinco años.
De 2018 a 2022
El periodo investigado abarca 60 meses exactos, desde el inicio de 2018 hasta finales de 2022. Durante ese lapso, el teniente coronel Miguel Ángel E. T., interventor jefe de la Guardia Civil en la C. Valenciana durante 18 años, autorizó sistemáticamente facturas con incrementos injustificados. Los sobrecostes promedio en las obras menores alcanzaron el 47% por encima del presupuesto técnico real, según el informe pericial de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF).
Un 47% más que el coste real
Los sobrecostes no fueron aislados: en 12 de las 17 obras menores analizadas, los precios finales superaron en más del 40% los valores de referencia del Ministerio de Defensa para trabajos equivalentes en 2021. El informe de la AVAF constata que el albañil implicado facturó 38.420 euros por trabajos cuyo coste estimado era de 26.200 euros, lo que representa un sobreprecio del 46,6% en ese caso concreto.
Tres veces superior a la media regional
La reforma de tres inmuebles en ruinas en Siete Aguas implicó una inversión declarada de 92.150 euros, pero los informes técnicos de tasación previa indican que el valor real de esas propiedades antes de la intervención no superaba los 31.000 euros. Es decir, el desembolso fue tres veces superior al valor patrimonial inicial. Uno de los inmuebles, tras su rehabilitación, se vendió por 248.000 euros, lo que supone un incremento del 798% respecto a su precio de adquisición en metálico, según consta en el auto.
Obras en dependencias oficiales
- Cuatro sedes de la Guardia Civil en la C. Valenciana fueron objeto de sobrecostes verificados: las comandancias de Gandia, Alcoy, Castellón y la Unidad de Intervención de València.
- En esas instalaciones, se ejecutaron 17 obras menores entre 2018 y 2022, todas adjudicadas a empresas vinculadas directa o indirectamente con los investigados.
- El 82 % de esas obras (14 de 17) carecían de certificación técnica independiente, lo que vulneró el Real Decreto 1098/2001 sobre contratos del sector público.
Reformas de inmuebles privados
- Tres propiedades adquiridas por el teniente coronel en Siete Aguas entre 2019 y 2021 fueron reformadas íntegramente con fondos públicos desviados.
- Las licencias de obra fueron tramitadas bajo nombres de familiares, pero los pagos se realizaron desde cuentas de empresas beneficiarias de contratos con la Guardia Civil.
- En dos de los tres inmuebles, las reformas incluyeron instalación de sistemas de climatización, aislamiento térmico y renovación completa de redes eléctricas y de fontanería —trabajos no justificados por el estado previo de las viviendas, según peritajes de la AVAF.
Radiografía en cifras
- 130.000 euros: monto total desviado del erario público entre 2018 y 2022.
- 47%: sobrecoste medio aplicado a las obras menores respecto al coste técnico real.
- 798%: incremento del valor de reventa de uno de los inmuebles tras su reforma con fondos públicos.
- 14 de 17: obras menores sin certificación técnica independiente, incumpliendo la normativa de contratación pública.
- 6 delitos graves: tipificados en el auto de procesamiento (prevaricación, malversación, fraude, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo).
- 13 personas procesadas, incluido el teniente coronel y 12 colaboradores directos o empresas vinculadas.
El caso se enmarca en el marco regulatorio del artículo 432 del Código Penal (malversación de caudales públicos) y la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, cuyo incumplimiento sistemático permitió la operativa fraudulenta. Desde 2020, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto 23 investigaciones similares en cuerpos de seguridad del Estado, pero este es el primero en el que se acredita una cadena de desvío continuado durante cinco años con reinversión directa en patrimonio privado. Los datos comparativos con el Informe Anual de la AVAF 2025 muestran que el promedio de sobrecostes en obras menores en la administración valenciana es del 12,3%, lo que sitúa este caso en una categoría de anomalía cuantitativa y estructural.
