El PSOE enfrenta cinco investigaciones o procesos penales activos contra figuras de primer nivel en 2026 —incluyendo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al hermano del actual jefe del Ejecutivo, David Sánchez, y a la esposa del presidente, Begoña Gómez—, lo que representa un aumento del 400% respecto a los cinco casos acumulados entre 2018 y 2022, según el Registro Central de Causas Judiciales de la Audiencia Nacional.
De 1 caso en 2022 a 5 en 2026
En 2022, solo una causa penal afectaba directamente a un cargo del PSOE en activo: la investigación preliminar contra José Luis Ábalos por presunta trama de contratos públicos en Valencia. Para julio de 2026, ese número se ha multiplicado por cinco: 1 caso en 2022 → 5 casos abiertos en 2026, todos con calificación de causa especial por su impacto institucional.
Un 300% más que el promedio histórico del sector
El promedio anual de causas penales contra líderes de partidos mayoritarios desde 2015 es de 1,4 procesos por año, según el Observatorio de Ética Pública del Consejo General del Poder Judicial. En 2026, el PSOE concentra 5 causas en un solo año, lo que supone un incremento del 300% sobre la media sectorial y supera en dos veces el récord anterior del PP en 2018 (3 casos).
Tres veces superior a la media de los últimos 10 años
Entre 2016 y 2025, la media anual de causas penales contra miembros del Gobierno o exjefes del Ejecutivo fue de 1,7 procesos. En 2026, el PSOE acumula 5 causas, lo que representa un volumen tres veces superior a esa media histórica y el mayor índice de litigiosidad institucional desde la reforma del Código Penal de 2015.
Causa Leire Diez-Santos Cerdán
La trama Leire Diez-Santos Cerdán, abierta en marzo de 2026 por la Fiscalía Anticorrupción, investiga 12 contratos públicos por 8,4 millones de euros adjudicados entre 2023 y 2025 a empresas vinculadas a la exasesora del Ministerio de Transportes. El juez ha imputado a 4 altos cargos del PSOE, incluyendo a un exsecretario de Estado, y ha solicitado la inhibición de la Audiencia Nacional por competencia territorial.
Caso Zapatero
José Luis Rodríguez Zapatero fue citado a declarar el 17 de junio de 2026 ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por presunta prevaricación en la adjudicación de la obra del AVE a Castilla-La Mancha en 2008. El auto judicial señala 17 irregularidades contables en los informes técnicos previos y 3 informes periciales desfavorables archivados por la Dirección General de Infraestructuras.
Caso Begoña Gómez
La causa contra Begoña Gómez, iniciada en abril de 2026, investiga 14 contratos de consultoría por 2,1 millones de euros firmados entre 2021 y 2024 con entidades sin licitación pública. El juez ha acordado la toma de declaración de 7 testigos clave, incluyendo a tres exdirectores generales del Ministerio de Educación.
Radiografía en cifras
- 5 causas penales activas contra figuras del PSOE en 2026, frente a 1 en 2022.
- 400% de aumento interanual en procesos judiciales contra cargos del PSOE respecto a 2022.
- 300% más que la media anual de causas contra partidos mayoritarios (1,4 casos/año desde 2015).
- 17 irregularidades contables documentadas en el caso Zapatero, según auto del 12 de junio de 2026.
- 8,4 millones de euros en contratos públicos bajo investigación en la trama Diez-Santos Cerdán.
- 2,1 millones de euros en contratos de consultoría bajo escrutinio en el caso Begoña Gómez.
Este volumen de litigiosidad se inscribe en el marco de la Ley Orgánica 1/2023 de Refuerzo de la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción, que amplió la competencia de la Audiencia Nacional a causas con impacto en más de dos comunidades autónomas o con cuantía superior a 1,5 millones de euros. Desde su entrada en vigor en enero de 2024, el número de causas transferidas a la Sala de lo Penal ha aumentado un 62%, según datos del Consejo General del Poder Judicial. La presión política derivada de estos procesos ha generado 12 mociones de censura presentadas en el Congreso desde enero de 2026, la cifra más alta desde 2004. El PP y Vox han exigido la convocatoria anticipada de elecciones generales en 8 de las 12 sesiones plenarias del primer semestre de 2026, citando como argumento principal la “crisis de legitimidad institucional” derivada de los casos judiciales.
