El Pleno del Congreso de España ha dado un paso significativo al aprobar una proposición de ley orgánica impulsada por el PSOE, destinada a disolver aquellas asociaciones que realicen apología del franquismo. Esta iniciativa ha sido respaldada por la mayoría de los partidos en el Congreso, con la notable excepción de Vox, que se opuso, y el PP, que se abstuvo tras haber apoyado previamente la toma en consideración de la norma.
La reforma se enmarca dentro de la Ley de Memoria Democrática, que fue aprobada en octubre de 2022 y que ya contemplaba la modificación de la ley de asociaciones de 2002. El objetivo principal de esta nueva legislación es garantizar que las actividades que glorifiquen el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista sean consideradas como causa de disolución de las asociaciones implicadas. Esto incluye no solo el enaltecimiento de los líderes franquistas, sino también cualquier acción que menosprecie y humille a las víctimas del régimen.
Durante el debate, el PSOE enfatizó la necesidad de proteger los valores democráticos frente a un resurgimiento de la extrema derecha, que, según sus representantes, amenaza con socavar los principios fundamentales de la democracia. La diputada del PSOE, Artemi Rallo, destacó que la existencia de estas asociaciones es un desafío histórico que debe ser enfrentado para salvaguardar el futuro de las generaciones venideras.
Por su parte, el PP argumentó que el Gobierno está utilizando este tema para polarizar la política, mientras que el PNV defendió la ley como una medida para proteger la dignidad de las víctimas del franquismo. EH Bildu también apoyó la iniciativa, señalando que la prohibición de asociaciones profranquistas es una necesidad urgente en un Estado democrático.
La ley, tal como fue aprobada, incluye una disposición adicional que establece que la disolución de una asociación puede ser solicitada independientemente de su inscripción registral y de los fines teóricos que puedan estar plasmados en sus estatutos. Esto significa que cualquier actividad que constituya apología del franquismo será suficiente para justificar la disolución, incluso si la asociación cumple con otros requisitos legales.
A pesar de la aprobación en el Congreso, la reforma aún debe pasar por el Senado, donde se podrían introducir enmiendas. Sin embargo, el Gobierno ya ha dejado claro que no se realizarán cambios significativos en el texto original. La Fundación Francisco Franco, que ha sido objeto de controversia, no se verá afectada por esta ley, ya que se trata de una fundación y no de una asociación. No obstante, el Gobierno tiene planes de solicitar su extinción ante la Justicia, utilizando otro apartado de la Ley de Memoria que permite la disolución de fundaciones que actúan en contra del interés general.
La discusión en torno a la disolución de asociaciones franquistas ha puesto de manifiesto las divisiones políticas en España. Mientras que algunos partidos ven esta medida como un paso necesario hacia la reconciliación y la justicia, otros la consideran un intento de reescribir la historia y polarizar aún más el debate político. La existencia de asociaciones que glorifican el franquismo ha sido vista como una anomalía en un país que busca avanzar hacia una democracia plena, y la nueva ley busca cerrar esa brecha.
La aprobación de esta ley es un reflejo de la creciente preocupación en Europa y en el mundo por el resurgimiento de movimientos de extrema derecha y la apología de regímenes totalitarios. En este contexto, la legislación española se presenta como un intento de reafirmar los valores democráticos y proteger a las futuras generaciones de ideologías que han causado tanto sufrimiento en el pasado. A medida que la ley avanza hacia el Senado, se espera que continúe generando un intenso debate sobre la memoria histórica y la identidad nacional en España.
