La reciente comparecencia de Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ante el Senado ha generado un intenso debate sobre la falta de claridad en la asignación de responsabilidades tras el apagón ocurrido el 28 de abril de 2025. Durante su intervención, Fernández se adhirió a la narrativa del Gobierno, describiendo el apagón como un evento «multifactorial» y optando por no señalar culpables en el informe que la CNMC está preparando. Esta decisión ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la independencia del organismo regulador y su papel en la supervisión del sistema eléctrico español.
La presidenta de la CNMC defendió su postura argumentando que el informe no incluirá la asignación de responsabilidades, ya que considera que la vía adecuada para determinar culpables son los expedientes sancionadores, que ofrecen mayores garantías a los implicados. Esta afirmación contrasta con declaraciones anteriores en las que había afirmado que el informe sí señalaría a los responsables del apagón. La falta de claridad en su discurso ha llevado a muchos a preguntarse si la CNMC está actuando con la independencia que se espera de un organismo regulador.
Uno de los puntos más controvertidos de su comparecencia fue la afirmación de que el informe incluirá conclusiones y recomendaciones para mejorar el sistema eléctrico, pero no abordará los posibles incumplimientos de las empresas antes, durante y después del apagón. Esto ha generado inquietud entre los consumidores y expertos del sector, quienes consideran que sin una identificación clara de los responsables, es difícil garantizar que no se repitan incidentes similares en el futuro.
La CNMC también ha dejado claro que no tramitará las demandas de los consumidores, ya que estas deben ser presentadas ante las comunidades autónomas o la justicia ordinaria. Este aspecto ha sido criticado, ya que muchos ciudadanos se sienten desprotegidos ante la falta de respuesta del regulador. La investigación penal del apagón, que fue cerrada por el juez José Luis Calama al no encontrar indicios de sabotaje, añade otra capa de complejidad a la situación.
### La Respuesta del Gobierno y las Empresas Eléctricas
La respuesta del Gobierno y de las empresas eléctricas también ha sido objeto de análisis. Beatriz Corredor, exministra y actual presidenta de Redeia, ha defendido su gestión y ha negado cualquier responsabilidad en el apagón, a pesar de que muchos la señalan como culpable. Esta defensa ha sido respaldada por algunos sectores, mientras que otros consideran que es necesario un análisis más profundo de las operaciones de las empresas eléctricas y su capacidad para gestionar situaciones de crisis.
Las empresas eléctricas, como Endesa e Iberdrola, han sido criticadas por su papel en el apagón, y se ha señalado a Redeia como la responsable del incidente. Sin embargo, la falta de un informe claro y detallado que asigne responsabilidades ha permitido que estas empresas se escuden en la ambigüedad del informe de la CNMC. La situación ha llevado a un clima de desconfianza entre los consumidores, quienes se preguntan si las empresas están realmente comprometidas con la mejora del sistema eléctrico o si simplemente buscan proteger sus intereses.
La presidenta de la CNMC ha defendido que el organismo ha estado trabajando en un nuevo procedimiento de operación que integrará las energías renovables en el control de tensión, lo que debería mejorar la gestión del sistema eléctrico. Sin embargo, muchos expertos consideran que estas medidas son insuficientes si no se acompaña de una evaluación clara de lo que salió mal durante el apagón.
### Implicaciones para el Futuro del Sistema Eléctrico
La falta de claridad en la asignación de responsabilidades y la ambigüedad en las declaraciones de la CNMC y del Gobierno plantean serias dudas sobre el futuro del sistema eléctrico en España. La necesidad de reformas estructurales es evidente, pero sin un análisis claro de lo ocurrido, es difícil establecer un camino a seguir. La propuesta de recuperar los costes del apagón a través de un recargo en la factura eléctrica ha sido recibida con escepticismo, ya que muchos consumidores ya enfrentan dificultades económicas y no ven con buenos ojos que se les carguen más gastos.
La situación actual plantea un desafío significativo para la CNMC y el Gobierno, que deben encontrar un equilibrio entre la protección de los consumidores y la necesidad de garantizar la viabilidad del sistema eléctrico. La falta de acción clara y decisiva podría llevar a una mayor desconfianza por parte de los ciudadanos, quienes demandan transparencia y responsabilidad en la gestión de un recurso tan vital como la electricidad.
En resumen, la comparecencia de Cani Fernández ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión profunda del sistema eléctrico español y de la forma en que se gestionan las crisis. La falta de claridad en la asignación de responsabilidades y la ambigüedad en las respuestas del regulador y del Gobierno son cuestiones que deben abordarse con urgencia para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
