Un año después del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, persisten las dudas sobre quién falló y por qué. La CNMC ha abierto más de veinte expedientes sancionadores. Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol están bajo investigación. No hubo vacío normativo, pero sí incumplimientos detectados. El sistema tenía mecanismos técnicos y regulatorios suficientes. Falta ahora aplicar las sanciones y reforzar la gobernanza del sistema eléctrico español.
¿Hubo vacío normativo el día del apagón eléctrico?
No. La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, lo afirmó con rotundidad en su comparecencia ante el Congreso. El 28 de abril de 2025 estaba vigente el Procedimiento de Operación 7.3, que regulaba el control de tensión en la red de transporte. Era de obligado cumplimiento y conocido por todos los agentes.
El nuevo Procedimiento de Operación 7.4 se aprobó un mes después del apagón. Su retraso no implica ausencia de normas. Implica una oportunidad perdida para anticipar riesgos.
El rol del operador del sistema
Red Eléctrica actuó como operador del sistema. Tenía la responsabilidad última de coordinar la respuesta ante fallos de tensión. Su capacidad de intervención dependía de que los generadores y comercializadoras cumplieran con sus obligaciones técnicas.
La brecha entre norma y práctica
La CNMC detectó desfases entre lo exigido y lo ejecutado. Algunos agentes no activaron los servicios complementarios de control de tensión. Otros no reportaron correctamente sus capacidades. Esa brecha es objeto de los expedientes sancionadores.
¿Quiénes están siendo sancionados y por qué?
La CNMC ha abierto 22 expedientes sancionadores. Se investigan incumplimientos de obligaciones técnicas, falta de coordinación y omisiones en la comunicación de disponibilidad de recursos.
Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol
Estas empresas gestionan centrales de generación y comercialización. Se les investiga por no haber garantizado la prestación de servicios complementarios como el control de tensión o la reserva de potencia.
Red Eléctrica
Como gestor de la red de transporte, se le exige cumplir con el Plan de Operación del Sistema. Se le investiga por no haber detectado a tiempo las desviaciones y por no haber activado los protocolos de emergencia con la debida celeridad.
¿Qué impacto económico ha tenido el apagón?
El corte eléctrico afectó a más de 12 millones de consumidores. Se estiman pérdidas superiores a 1.200 millones de euros en sectores clave: industria, logística, sanidad y comercio.
- Las pymes perdieron en promedio 18.500 € por establecimiento afectado.
- Hospitales activaron grupos electrógenos con costes adicionales del 300 %.
- El sector logístico reportó retrasos en más del 40 % de las entregas programadas.
- El riesgo país subió 12 puntos básicos en los días posteriores al apagón.
Este impacto acelera la presión para reformar el modelo de gobernanza del sistema eléctrico. La Comisión Europea ya ha pedido a España explicaciones sobre la resiliencia de su infraestructura crítica.
¿Qué marco legal regula la respuesta ante fallos del sistema?
El Real Decreto 1955/2000, modificado por la Ley 24/2013, establece las funciones del operador del sistema y los deberes de los agentes. El Reglamento (UE) 2017/1488 impone estándares técnicos comunes para la seguridad del sistema interconectado.
La nueva Ley de Seguridad del Sistema Eléctrico
En trámite parlamentario, esta ley prevé:
- Sanciones hasta del 10 % de la facturación anual por incumplimientos graves.
- Creación de un Comité Técnico de Resiliencia con participación de CNMC, Red Eléctrica y expertos independientes.
- Obligatoriedad de simulacros anuales de ciberataques y fallos masivos.
Datos Clave
- La CNMC abrió 22 expedientes sancionadores tras el apagón del 28 de abril de 2025.
- El Procedimiento de Operación 7.3 estaba vigente y era aplicable el día del fallo.
- El Procedimiento 7.4 se aprobó el 28 de mayo de 2025, un mes después del apagón.
- Las pérdidas económicas superaron los 1.200 millones de euros en las primeras 72 horas.
- La Ley de Seguridad del Sistema Eléctrico está pendiente de aprobación definitiva en el Congreso.
El apagón no fue un accidente aislado. Fue la señal de alarma de un sistema bajo presión. La transición energética exige más flexibilidad, no menos control. Las sanciones no son un fin, sino un instrumento para reforzar la confianza técnica y regulatoria. La próxima prueba no será si el sistema puede fallar, sino si está preparado para recuperarse —y aprender— antes de que falle de nuevo.
