España enfrenta una encrucijada energética sin precedentes: 10 reactores nucleares operativos deben cerrar entre 2027 y 2035 según el calendario oficial, pero las eléctricas presionan para extender su vida útil. Este escenario no es nuevo: en los años 80, el programa nuclear español se redujo de 27 proyectos a solo 10 plantas operativas tras crisis económicas y rechazo social. Hoy, la decisión impacta la seguridad del suministro, los precios de la electricidad y el cumplimiento de los objetivos climáticos de la UE.
¿Por qué el calendario de cierre nuclear está en duda?
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021–2030 fijó el cierre progresivo de todas las centrales nucleares. El primero debía ser Almaraz I, previsto para 2027. Pero la guerra en Ucrania, la volatilidad de los precios del gas y la lentitud en la expansión de las renovables han reabierto el debate técnico y político.
Las eléctricas argumentan que los análisis de seguridad y las inspecciones periódicas de la Consejería de Seguridad Nuclear (CSN) respaldan la operación segura más allá de los 40 años originales. Algunas plantas, como Vandellós II, ya superan esa edad y siguen operando bajo licencias renovadas.
El papel de la CSN y la Unión Europea
La CSN es la única autoridad con competencia para autorizar prórrogas. Su informe anual de 2025 confirma que todas las centrales cumplen los requisitos de seguridad nuclear, pero advierte que cada prórroga exige una evaluación específica de envejecimiento de componentes críticos, como vasos de presión y sistemas de refrigeración.
La UE no prohíbe la prórroga, pero exige transparencia y coherencia con el Mecanismo de Ajuste en Fronteras (CBAM) y los objetivos del Pacto Verde Europeo. España debe justificar cualquier extensión como parte de una transición justa y no como un obstáculo a la descarbonización.
¿Qué implica económicamente mantener las nucleares?
El sector nuclear aporta el 20 % de la electricidad nacional, con costes marginales cercanos a cero. Su cierre anticipado podría elevar el precio medio del MWh en un 12–15 %, según estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Sin embargo, las inversiones para extender la vida útil superan los 500 millones de euros por planta, según datos de ANAV. Estos costes no se trasladan directamente a los consumidores, pero sí afectan a la rentabilidad de las eléctricas y, por tanto, a sus decisiones de inversión en renovables y almacenamiento.
El efecto en el mix energético
Un retraso en el cierre nuclear podría ralentizar la entrada de energía solar y eólica, especialmente en zonas con limitaciones de red. Pero también evita un vacío de generación firme que hoy no puede cubrirse íntegramente con baterías o hidrógeno verde a escala comercial.
¿Qué dice la ley actual sobre el cierre nuclear?
La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de explotación son limitadas y sujetas a revisión. No fija una edad máxima, pero vincula la continuidad operativa a la evaluación técnica de la CSN, la capacidad de respuesta ante emergencias y el cumplimiento de los estándares de seguridad internacional.
En 2024, el Gobierno aprobó una modificación reglamentaria que exige a las eléctricas presentar un Plan de Gestión del Envejecimiento antes de solicitar prórroga. Este documento debe incluir estudios de fatiga, corrosión y simulaciones de fallos extremos.
El factor social y político
El rechazo social al nuclear persiste, aunque con matices. Las encuestas de 2025 muestran que el 58 % de los ciudadanos acepta su prolongación si garantiza estabilidad y precios bajos. El PSOE y Unidas Podemos mantienen su oposición histórica, mientras que Vox y PP apoyan revisiones técnicas sin prejuicios ideológicos.
Datos Clave
- España opera 10 reactores nucleares, 7 de ellos con más de 40 años de vida útil.
- El cierre programado comienza en 2027 con Almaraz I, y finaliza en 2035 con Ascó II.
- La CSN ha aprobado 12 prórrogas desde 2010, todas condicionadas a inversiones en seguridad.
- Cada año de operación adicional evita la emisión de aproximadamente 20 millones de toneladas de CO₂.
- El coste estimado de desmantelamiento del parque nuclear supera los 5.000 millones de euros, financiados por el Fondo Nacional de Reserva Nuclear.
El futuro del nuclear español no es una cuestión técnica aislada. Es un nodo donde convergen seguridad energética, sostenibilidad fiscal, soberanía industrial y confianza regulatoria. Cada decisión tomada en los próximos 18 meses definirá el ritmo de la transición energética del país durante las próximas tres décadas.
