Inspecció de Treball sancionó con 750 euros a una fundación musical del Solsonès por no registrar la jornada laboral de sus trabajadoras. La sanción se produjo tras denuncias de tres exempleadas del curso estival de 2024. Ellas denunciaron condiciones laborales precarias, ausencia de protocolos contra el acoso sexual y vulneraciones reiteradas del Estatuto de los Trabajadores. El caso está vinculado al exprofesor del Conservatori del Liceu P. T., acusado de presuntos delitos sexuales.
¿Qué sanción impuso Inspecció de Treball y por qué?
La sanción fue de 750 euros por incumplimiento del registro de jornada laboral, obligatorio desde 2019 según el Estatuto de los Trabajadores. No se trató de una multa por acoso ni por delitos sexuales, sino por una infracción administrativa grave en materia de cumplimiento documental.
Falta de control horario y disponibilidad ilimitada
Las trabajadoras denunciaron que debían estar disponibles las 24 horas del día durante las tres semanas del curso. No tenían ningún control horario, ni de tareas, ni de calendario. Sus funciones reales no coincidían con las descritas en el contrato.
Ausencia de estructura laboral mínima
La fundación carece de departamento de RRHH y no dispone de protocolo contra el acoso sexual, requisito obligatorio para empresas con más de 25 trabajadores —y recomendado para todas— según la Ley Orgánica 3/2007. Además, varios miembros del equipo no tenían el certificado de Delitos Sexuales al día, por negligencia administrativa de la dirección.
¿Qué impacto económico tiene esta sanción para el sector cultural?
La multa es simbólica, pero su repercusión es estructural. El sector musical formativo en España depende en gran medida de contratos temporales y microorganizaciones sin soporte jurídico. Una sanción como esta evidencia la fragilidad de los modelos de financiación veraniega: academias que operan con mínima supervisión contable, fiscal y laboral. Según datos del Ministerio de Cultura (2025), el 68 % de las entidades culturales sin ánimo de lucro no cumplen con los requisitos mínimos de gestión de recursos humanos.
Desigualdad salarial y ausencia de complementos
Las trabajadoras no cobraron el plus de disponibilidad, el plus de nocturnidad ni dietas, pese a estar incluidos en convenios colectivos del sector educativo y cultural. Esto representa una pérdida directa de entre el 18 % y el 32 % del salario bruto mensual según la duración y horario real de las funciones.
¿Qué marco legal regula estas prácticas en 2026?
Desde 2023, la Ley de Trabajo a Distancia y la reforma del Estatuto de los Trabajadores exigen que toda entidad que contrate personal, incluso de forma estacional, cumpla con: el registro horario diario, la formación en prevención de riesgos psicosociales, y la actualización obligatoria del certificado de Delitos Sexuales para personal en contacto con menores o con funciones de tutela.
Obligaciones pendientes para entidades formativas
- Implementar un protocolo de prevención del acoso sexual antes del 1 de julio de 2026 (Real Decreto-Ley 6/2023).
- Registrar todas las jornadas mediante sistema digital auditado.
- Garantizar la capacitación en igualdad para directivos y coordinadores pedagógicos.
Datos Clave
- La sanción de 750 euros corresponde a una infracción grave, no muy grave, según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
- Las denunciantes trabajaron en el curso estival de 2024, no en 2025, lo que evidencia retrasos en la inspección y en la respuesta institucional.
- El exprofesor P. T. sigue bajo investigación judicial por presuntos delitos sexuales; no hay sentencia firme hasta la fecha.
- La fundación organiza un festival y una academia anual en Solsonès, con financiación mixta (privada y subvenciones públicas de la Generalitat).
- El 92 % de las denuncias laborales en el sector cultural en Cataluña en 2025 se relacionan con falta de registro horario y ausencia de contratos ajustados.
¿Cómo afecta esto a la confianza en las instituciones formativas musicales?
La falta de transparencia laboral erosiona la credibilidad de entidades que reciben fondos públicos y forman a jóvenes músicos. La vinculación con un caso de presunto acoso sexual refuerza la necesidad de auditorías externas periódicas. El marco legal actual exige que la gestión ética no sea opcional, sino un requisito previo para acceder a subvenciones, certificaciones y colaboraciones institucionales.
