La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la absolución de la actriz Ana Duato y su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau, en el caso Nummaria. El fallo exige un nuevo juicio ante un tribunal distinto. La decisión no implica una condena inmediata, pero sí cuestiona la solidez lógica y jurídica de la sentencia previa. El caso gira en torno a un esquema fiscal opaco que redujo drásticamente su tributación entre 2010 y 2012.
¿Qué motivó la anulación del fallo de absolución?
La Sala de Apelación consideró que la sentencia original no justifica de forma racional por qué Duato y Bernardeau fueron eximidos de responsabilidad penal. Los magistrados señalaron una falta de razonamiento coherente al aceptar que la actriz ignorara por completo la naturaleza fraudulenta del esquema. Entre 2010 y 2012, Duato recibió 2,24 millones de euros netos, pero solo declaró 896.000 euros, gracias a un supuesto contrato de renta vitalicia cuya existencia real nunca se probó.
La contradicción central del caso
El tribunal apelante subraya que es imposible que una persona perciba ingresos veinte veces superiores a los pactados en un contrato sin detectar su carácter ficticio. Este razonamiento desmonta la defensa de la actriz basada en su ausencia de formación fiscal. La Sala no niega su perfil profesional, pero exige una evaluación más rigurosa de su grado de participación y conocimiento.
¿Qué pasó con los demás implicados en Nummaria?
El caso Nummaria no afectó solo a Duato y Bernardeau. El asesor fiscal Fernando Peña, propietario del despacho Nummaria, fue condenado a 80 años de prisión por diseñar y ejecutar el esquema. El actor Imanol Arias, por su parte, aceptó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, cumplió dos años y dos meses de cárcel y devolvió 2.225.973 euros al fisco. Su colaboración aceleró su resolución, pero no eximió de responsabilidad a los demás.
El rol del despacho Nummaria
Nummaria no era un bufete convencional. Operaba como una estructura de planificación fiscal agresiva, vendiendo contratos de renta vitalicia sin sustento real. Estos instrumentos fueron usados para ocultar ingresos profesionales bajo la apariencia de rentas pasivas gravadas a tipo reducido. La Agencia Tributaria ya había identificado el patrón como fraude fiscal estructurado desde 2023.
¿Cuál es el impacto económico y legal del caso Nummaria?
El caso Nummaria ha generado un impacto fiscal directo de más de 15 millones de euros en pérdidas para las arcas públicas, según estimaciones de la Inspección Tributaria. Además, ha impulsado una reforma en la Ley General Tributaria, que desde 2025 exige mayor transparencia en contratos de renta vitalicia vinculados a actividades profesionales. La Agencia Tributaria ahora puede requerir la prueba fehaciente de la existencia real del contrato, no solo su mera presentación.
Cambios regulatorios clave
- Entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2025, que tipifica como infracción muy grave la utilización de instrumentos jurídicos sin sustento económico real.
- Creación de una unidad especializada en fraude fiscal complejo dentro de la Fiscalía Anticorrupción.
- Obligatoriedad de informes periciales contables en juicios por fraude fiscal superior a 500.000 euros.
¿Qué dicen los datos clave sobre el caso?
- La Sala de Apelación anuló la absolución por falta de razonamiento lógico, no por nueva prueba.
- Duato declaró solo el 40 % de sus ingresos reales entre 2010 y 2012.
- El esquema de Nummaria afectó a más de 47 profesionales del sector audiovisual.
- La condena de Fernando Peña es la más severa en un caso de fraude fiscal en la historia de la Audiencia Nacional.
- El nuevo juicio se celebrará ante un tribunal distinto, con plazo máximo de seis meses para dictar sentencia.
¿Qué implica esta anulación para el futuro de los casos fiscales?
Este fallo marca un punto de inflexión en la doctrina judicial sobre la responsabilidad penal del contribuyente. Ya no basta con alegar ignorancia o falta de conocimiento técnico. Los tribunales exigen una evaluación objetiva del comportamiento, especialmente cuando los ingresos y las declaraciones son manifiestamente desproporcionados. La buena fe debe ser verificable, no solo declarada. El caso Nummaria refuerza el principio de que la debida diligencia es una obligación ineludible, incluso para personas sin formación fiscal especializada.
