Casa Árabe en Madrid enfrenta un desalojo forzoso antes del 1 de septiembre de 2026. El Ayuntamiento ha decidido recuperar el edificio de Escuelas Aguirre, sede histórica de la institución. Alumnos y simpatizantes advierten que la medida pone en riesgo décadas de intercambio académico, diplomático y cultural entre España y el mundo árabe. La declaración reciente del edificio de la Casa Árabe como Bien de Interés Cultural (BIC) en categoría de Monumento —aprobada el 18 de febrero de 2025— intensifica la contradicción entre protección patrimonial y expulsión institucional.
¿Por qué el desalojo de Casa Árabe genera alarma cultural?
El edificio de Escuelas Aguirre no es solo un inmueble. Es el epicentro de una red de cooperación que incluye programas de formación en árabe, estudios sobre el Magreb, diplomacia cultural y mediación interreligiosa. Su cierre abrupto interrumpe proyectos con universidades árabes, embajadas y organismos de la Unión Europea.
La institución forma parte del Consejo de Cooperación Hispano-Árabe, creado en 2006. Su labor se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 (educación de calidad), 10 (reducción de desigualdades) y 16 (paz, justicia e instituciones sólidas).
El valor simbólico del edificio
Escuelas Aguirre es un referente arquitectónico del siglo XIX, con reformas modernistas y una historia ligada a la educación pública madrileña. Su reciente declaración como BIC implica protección legal bajo la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, que exige compatibilizar uso funcional con conservación. El desalojo sin alternativa operativa viola el espíritu de esa norma.
¿Qué dice el marco legal sobre el uso de bienes culturales?
La Ley 16/1985 establece que los Bienes de Interés Cultural deben conservarse in situ y con usos que refuercen su significado histórico. El artículo 12.2 exige que cualquier modificación de uso requiera informe previo de la Comunidad de Madrid y evaluación de impacto cultural.
El Real Decreto de febrero de 2025 no contempla la cesión del inmueble a otra entidad con fines afines. Tampoco se ha publicado un plan de reubicación con garantías de continuidad institucional.
La brecha entre norma y práctica
Aunque el Ayuntamiento invoca necesidades de mantenimiento, no ha hecho pública una auditoría técnica ni un cronograma de reformas. El plazo de dos meses para desalojo contradice los estándares de la Carta de Venecia (1964) y la Declaración de Faro (2005), que priorizan la función social del patrimonio sobre su mera conservación física.
¿Cuál es el impacto económico del cierre de Casa Árabe?
Casa Árabe genera ingresos directos e indirectos: 120.000 euros anuales en matrículas, 350.000 euros en fondos europeos para proyectos de cooperación y más de 800.000 euros en contratos con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Su cierre afecta a 42 docentes, 15 investigadores y 1.200 estudiantes anuales. Además, reduce la capacidad de España para participar en programas como Erasmus+ y Horizonte Europa, donde la institución actúa como nodo de conocimiento árabe.
El costo de la improvisación
Un informe interno de la Comunidad de Madrid (2025) estimó en 1,2 millones de euros el costo de reubicar la institución con mínimas garantías de continuidad. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha incluido esa partida en sus presupuestos 2026.
¿Qué exigen los alumnos y cuál es su peso real?
Los estudiantes no son actores marginales. Son los principales usuarios de los servicios de Casa Árabe: cursos de lengua, becas de investigación, intercambios con Túnez, Marruecos y Jordania. Su movilización —sin apoyo partidista ni financiación externa— evidencia una demanda social consolidada.
Datos Clave
- El plazo de desalojo finaliza el 1 de septiembre de 2026, con solo 60 días desde el anuncio oficial.
- Casa Árabe fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) el 18 de febrero de 2025, categoría Monumento.
- La institución gestiona 12 proyectos europeos activos, con financiación superior a los 2,3 millones de euros.
- No existe un plan público de reubicación ni un informe técnico que justifique la urgencia del desalojo.
El conflicto trasciende lo inmobiliario. Refleja una tensión estructural entre gestión urbana cortoplacista y política cultural de Estado. La presión ciudadana, respaldada por expertos en patrimonio y relaciones internacionales, exige una solución que respete tanto la Ley del Patrimonio Histórico como los compromisos de España con la cooperación multilateral.
