Una mujer de 65 años con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) denunció una agresión sexual por parte de un auxiliar de enfermería en el Centro de Esclerosis Múltiple Alicia Koplowitz de Madrid. El hecho ocurrió el 27 de marzo de 2025. La paciente, altamente dependiente, no pudo resistirse físicamente. El acusado fue detenido, despedido y ahora espera juicio en libertad provisional.
¿Qué pasó en la habitación de la paciente?
La denuncia detalla que el auxiliar entró a cambiarle el pañal, como era habitual. Sin embargo, esa madrugada cruzó límites graves. Primero tocó sus pechos sin consentimiento. Luego sacó su miembro viril, lo colocó en su mano y le pidió una felación. Ella se negó. Él continuó con lametones y tocamientos no consentidos. Al final, le dijo: «tú, calladita; tú, calladita».
El impacto psicológico fue inmediato
La mujer declaró a la Policía que no pudo dormir en toda la noche. Al amanecer, informó a la directora del centro. Luego llamó a su hermano, quien la acompañó a la comisaría de San Blas. Su estado emocional se describió como «decaído», con síntomas de estrés postraumático agudo.
¿Cómo responde el sistema sanitario ante abusos en residencias?
El centro pertenece a la Comunidad de Madrid, lo que implica responsabilidad directa de la Consejería de Sanidad. Tras la denuncia, el auxiliar fue despedido de forma inmediata. No obstante, no se activó un protocolo público de revisión de controles internos. Tampoco se dio a conocer si hubo otras denuncias previas contra el trabajador.
Falta de supervisión en turnos nocturnos
Las residencias especializadas suelen operar con turnos reducidos de personal durante la noche. Esto incrementa el riesgo de abuso en pacientes con dependencia física severa. La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia exige evaluaciones de riesgo y protocolos de protección. Pero su aplicación real sigue siendo irregular.
¿Qué dice la ley sobre abusos a personas con discapacidad grave?
El Código Penal español castiga con mayor severidad los delitos sexuales cometidos contra personas con capacidad de autodeterminación reducida. El artículo 180.2 considera agravante la vulnerabilidad física o mental de la víctima. Además, la Ley Orgánica 1/2015 contra la Violencia de Género incluye a mujeres mayores y dependientes como colectivo especialmente protegido.
El rol de los centros como empleadores
Los centros sanitarios deben cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de Igualdad. Esto implica formación obligatoria en prevención de abusos, mecanismos de denuncia anónima y auditorías internas. En este caso, no hay evidencia pública de que se hayan aplicado.
¿Cuál es el impacto económico y social del caso?
Los costes asociados a este tipo de incidentes van más allá del juicio. Incluyen: indemnizaciones, pérdida de confianza en la red pública, aumento de auditorías externas y posibles sanciones administrativas. Según datos del IMSERSO, el 32 % de las residencias públicas de larga estancia han tenido al menos una denuncia por maltrato entre 2022 y 2024. Cada caso afecta la reputación institucional y frena la inversión en nuevas plazas.
Datos Clave
- La paciente tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y dependencia total para cuidados básicos.
- El acusado es un auxiliar de enfermería colombiano, casado y en libertad provisional.
- El hecho ocurrió en el Centro Alicia Koplowitz, gestionado por la Comunidad de Madrid.
- No hubo testigos directos, pero la denuncia incluye declaraciones detalladas y coherentes.
- El centro no activó un protocolo de transparencia ni informó públicamente sobre medidas correctivas.
- La víctima no recibió acompañamiento psicológico inmediato por parte del centro, según fuentes cercanas al caso.
