El Gobierno español ha solicitado a la Unión Europea una prórroga hasta marzo de 2027 para reformar la normativa sobre personal interino. La medida responde a sendas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que denuncian el abuso de la temporalidad en la administración pública. Sin cambios estructurales, España arriesga sanciones y condenas por incumplimiento del Derecho de la Unión.
¿Por qué el TJUE exige reformar la figura de los interinos?
El TJUE ha reiterado que las actuales indemnizaciones a eventuales no compensan el daño causado por la precariedad prolongada. Las sentencias señalan que los límites máximos establecidos por la ley nacional son insuficientes. Además, el sistema actual no garantiza la estabilidad ni la igualdad de trato entre personal fijo y temporal.
El vacío legal tras la reforma de 2021
La reforma pactada en 2021 bajo el ministro Miquel Iceta no resolvió el núcleo del problema: la falta de mecanismos efectivos para limitar la sucesión de contratos temporales. Tampoco introdujo criterios objetivos para distinguir entre necesidad puntual y necesidad estructural. Ese vacío sigue vigente.
¿Qué cambios propone el ministro Óscar López?
El ministro de Transformación Digital y Función Pública ha convocado a las comunidades autónomas para el 8 de julio en Santander. El objetivo es diseñar una batería de medidas que incluyan: revisión de los sistemas de selección, modificación de los regímenes indemnizatorios, y creación de vías efectivas de estabilización laboral.
La clave está en la sanidad y la educación
Más del 65 % de los interinos trabajan en servicios gestionados por las comunidades autónomas. La sanidad y la educación concentran los mayores índices de eventualidad abusiva. Por tanto, las CCAA no solo deben aplicar las reformas: también asumirán su financiación y supervisión.
¿Cuál es el impacto económico de la reforma?
El coste estimado supera los 2.800 millones de euros anuales, según cálculos preliminares del Ministerio. La mayor partida corresponde a nuevas indemnizaciones retroactivas, reclamables desde 2018. Además, se prevé un aumento del gasto en procesos de estabilización y en la contratación de personal fijo para sustituir contratos sucesivos.
El riesgo de litigios masivos
Los tribunales ya han abierto la puerta a reclamaciones individuales. Los interinos pueden exigir indemnizaciones adicionales por cada contrato sucesivo sin justificación objetiva. Esto podría derivar en miles de demandas ante los Juzgados de lo Social, con efectos acumulativos en las cuentas públicas regionales.
¿Qué marco legal regula ahora la situación?
Actualmente rige la Ley 20/2021, que modificó el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico de los Empleados Públicos. Sin embargo, su articulado no incorpora los estándares exigidos por el TJUE. El Derecho de la Unión prevalece sobre la normativa nacional, lo que obliga a una reforma urgente para evitar nulidades y condenas.
Datos Clave
- El TJUE ha emitido tres sentencias vinculantes desde 2022 contra España por abuso de temporalidad.
- Más del 42 % del personal estatal y autonómico es temporal, según el INE (2025).
- Las comunidades autónomas gestionan el 89 % de los puestos interinos en sanidad y educación.
- La prórroga hasta marzo de 2027 no es automática: depende de la aprobación formal de la Comisión Europea.
- El Gobierno debe presentar un plan de estabilización concreto antes del 30 de septiembre de 2026.
El contexto actual exige una reforma que vaya más allá de los ajustes técnicos. Se requiere un cambio de modelo: de la gestión por necesidades coyunturales a la planificación estructural de plantillas. La economía pública no puede seguir financiando la precariedad como política de personal. La legalidad europea, la sostenibilidad presupuestaria y la calidad de los servicios públicos están ahora alineadas en una sola exigencia: estabilidad real para el personal interino.
