El mal del hormigón sigue avanzando en las costas españolas. Cada año se aprueban cientos de licencias para nuevos complejos turísticos, hoteles y urbanizaciones en entornos frágiles. Mallorca, Málaga y otras regiones costeras sufren una presión insostenible sobre sus espacios protegidos. La expansión descontrolada no solo altera ecosistemas únicos, sino que también afecta la calidad de vida de los residentes y la resiliencia climática de las zonas litorales.
¿Qué es el mal del hormigón y por qué afecta especialmente a las costas?
El mal del hormigón es un término que describe la sobreconstrucción en zonas naturales, especialmente en litorales y espacios protegidos. No se trata solo de edificios: incluye carreteras, aparcamientos, campos de golf y infraestructuras turísticas que fragmentan hábitats y aceleran la erosión costera.
En islas como Mallorca, el impacto es crítico: no hay tierra de reserva. Cada metro cuadrado construido en zonas de DANA (Zonas de Especial Protección para las Aves) o ZEC (Zonas de Especial Conservación) viola directamente la Directiva Hábitats de la UE.
¿Cómo afecta la masificación turística a la economía local?
La industria turística representa el 12,3 % del PIB nacional, pero su crecimiento desmedido genera efectos colaterales negativos:
- Pérdida de empleo estable: el 68 % de los puestos en el sector son temporales y mal remunerados.
- Subida de alquileres: en Palma, los precios subieron un 42 % entre 2021 y 2024, desplazando a residentes.
- Degradación de recursos hídricos: el turismo consume el 25 % del agua potable en zonas costeras, según el Ministerio para la Transición Ecológica.
El modelo turístico insostenible genera dependencia económica
Cuando una región basa más del 30 % de su empleo en turismo estacional, se vuelve vulnerable a crisis externas —como pandemias o cambios en la demanda internacional—. Además, el turismo de masas desincentiva la inversión en sectores con mayor valor añadido, como la agroecología o la economía circular.
¿Qué marco legal regula la construcción en zonas costeras?
La Ley de Costas de 1988, reformada en 2013 y 2022, establece una zona marítimo-terrestre de 100 metros desde la línea de costa. En ella, la edificación está prohibida salvo excepciones muy limitadas. Sin embargo, los planes especiales de protección (PEP) y las declaraciones de utilidad pública han permitido múltiples excepciones.
En 2025, el Tribunal Supremo anuló 17 proyectos en la Costa del Sol por vulnerar la Ley de Costas y la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Esto evidencia una brecha entre normativa y aplicación real.
La jurisprudencia exige mayor rigor en las evaluaciones ambientales
Los tribunales exigen ahora que las EIA incluyan análisis de impacto acumulativo —no solo de un proyecto aislado— y que se evalúe el efecto sobre la capacidad de adaptación al cambio climático, como la subida del nivel del mar o la desertificación costera.
¿Qué soluciones reales están funcionando en España?
Algunas comunidades autónomas están aplicando medidas concretas:
- Baleares aprobó en 2023 la Ley de Sostenibilidad Turística, que limita nuevas licencias hoteleras en zonas saturadas y exige compensación ecológica obligatoria.
- La Generalitat de Cataluña impuso una moratoria en 2024 sobre nuevas urbanizaciones en el litoral de Tarragona y Girona.
- En Canarias, el Cabildo de Tenerife exige certificación de huella hídrica y huella de carbono para cualquier proyecto turístico superior a 50 plazas.
Datos Clave
- El 73 % de las playas españolas están en zonas con riesgo alto o muy alto de erosión costera (IGN, 2025).
- Entre 2015 y 2024, se aprobaron 2.147 nuevas licencias de edificación en zonas de protección marítimo-terrestre.
- El 41 % de los municipios costeros supera el umbral de saturación turística definido por la OCDE (más de 1,5 turistas por residente).
- La construcción ilegal en zonas protegidas ha generado 3.800 sanciones administrativas desde 2020, pero solo el 12 % ha derivado en demolición efectiva.
El mal del hormigón no es un problema técnico: es una falla de gobernanza. Requiere alinear la política territorial, la fiscalización ambiental y la participación ciudadana. Sin ese triángulo, ninguna reforma legal será efectiva. La presión sobre las costas no se detendrá con más permisos: se detendrá con más límites claros, más transparencia y más responsabilidad política.
