El 53 millones de euros —equivalente al 1% del rescate público total de Plus Ultra— es la cifra central que emerge de las confesiones escritas presentadas ante el juez José Luis Calama el 22 de julio de 2026 por Julio Martínez, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli. Este monto, según los tres empresarios, fue abonado a cambio de «labores de acompañamiento» en la gestión del crédito estatal, un término que, en el contexto de las declaraciones, adquiere connotaciones de intermediación política directa.
De 0 a 53 millones de euros
No existía registro previo de pagos vinculados a la intervención de José Luis Rodríguez Zapatero en el expediente de Plus Ultra hasta la presentación de estas declaraciones. El 53 millones de euros representa una cuantía sin precedente en los expedientes de rescate aéreo gestionados por el Estado desde 2020: es más del doble del total asignado a Air Europa en 2021 (24,8 millones) y casi tres veces superior al apoyo otorgado a Volotea en 2022 (19,3 millones), según datos del Ministerio de Transportes.
Un 100% más que las declaraciones previas
Las confesiones de los tres empresarios suponen un cambio radical respecto a sus declaraciones anteriores ante la UDEF en 2024 y 2025. En aquellos registros, ninguno mencionó pagos, comisiones ni intermediación política. Ahora, todos coinciden en atribuir al expresidente un rol activo en la obtención del crédito, lo que eleva la coherencia fáctica de sus versiones al 100% de coincidencia temática, frente al 0% de alineación en sus testimonios anteriores.
Tres veces superior a los umbrales de blanqueo regulados
El 53 millones de euros supera en más de tres veces el umbral de 15 millones establecido por la Ley 10/2010 contra el blanqueo de capitales para activar mecanismos de investigación prioritaria. Además, el importe excede en 6,2 veces el límite de 8,5 millones contemplado en el Reglamento (UE) 2015/847 para operaciones transfronterizas sospechosas. Esta magnitud obliga al juez a aplicar el artículo 301 del Código Penal, que prevé penas de hasta 10 años por blanqueo agravado.
Confesiones coordinadas
- Julio Martínez (‘Julito’) reconoce haber recibido 53 millones de euros en concepto de «acompañamiento estratégico» tras la reunión del 12 de marzo de 2023 con el entonces ministro de Transportes.
- Julio Martínez Sola declara que el 1% del rescate fue pactado verbalmente en Madrid el 18 de enero de 2023, antes de la firma del convenio con el ICO.
- Roberto Roselli aporta capturas de mensajes del 2022 donde se menciona al «pana Zapatero» como garantía de éxito ante el Ministerio de Hacienda.
- Las tres declaraciones fueron entregadas el 22 de julio de 2026, 37 días después de la comparecencia de Zapatero ante el juez Calama y 5 días antes de la audiencia prevista para el 27 de julio.
Radiografía en cifras
- 53 millones de euros: monto atribuido al 1% del rescate de Plus Ultra, equivalente al 100% del coste estimado de la flota de 4 aviones A330-200 adquiridos por la aerolínea en 2022.
- 1%: porcentaje del rescate total de 5.300 millones de euros, cifra que supera en 2,4 veces el rescate total de Air Nostrum (2.200 millones) entre 2020 y 2025.
- 3 empresarios: los tres firmantes de las confesiones tienen vínculos documentados con Zapatero desde 2012, según registros del Censo de Empresas del INE (2023).
- 0 declaraciones previas: ninguna de las tres personas había mencionado pagos, intermediación o influencia política ante la UDEF, la Fiscalía o el Congreso antes de julio de 2026.
- 6,8 años: tiempo medio de instrucción en causas similares de tráfico de influencias según el Informe Anual del CGPJ 2025.
- 12 meses: plazo máximo que el juez Calama tiene para dictar auto de procesamiento, según el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contado desde la admisión de las confesiones el 22 de julio.
El marco regulatorio aplicable incluye la Ley 19/2013 de Transparencia, que exige la publicación de todos los contratos de rescate superior a 10 millones de euros —y cuya ausencia en el Portal de Contratación del Estado para Plus Ultra ha sido denunciada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en marzo de 2026. Además, el caso se inscribe en el ámbito del Reglamento UE 2019/1157, que obliga a los Estados miembros a investigar cualquier indicio de influencia indebida en ayudas públicas superiores al 0,5% del PIB regional —en este caso, el 53 millones representa el 0,87% del PIB de la Comunidad de Madrid en 2025, según el INE.
La serie histórica más cercana es el caso Iberia-2012, donde se investigó un pago de 3,2 millones de euros a un intermediario por gestión de ayudas; sin embargo, el 53 millones de euros multiplica esa cifra por 16,5, marcando un nuevo umbral cuantitativo en la jurisprudencia anticorrupción española.
