Un 7 días han transcurrido desde la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que anuló dos de los delitos imputados a Begoña Gómez, y aún no se ha restituido su pasaporte ni el de su asistente Cristina Álvarez. El juez Juan Carlos Peinado mantiene la medida cautelar pese a que el auto del martes 21 de julio de 2026 —último documento público— no menciona ni la devolución ni su revisión.
De 4 a 2 delitos imputados
La Audiencia Provincial de Madrid anuló dos de los cuatro delitos inicialmente atribuidos a la esposa del presidente del Gobierno. El fallo, notificado el 14 de julio de 2026, redujo la acusación de prevaricación y cohecho a un único delito de tráfico de influencias y otro de fraude. Esta reducción obligó al juez Peinado a solicitar un ajuste en los escritos de acusación popular antes de la vista oral.
Un 100% más de tiempo de retención que lo habitual
Según el informe anual 2025 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el plazo medio de revisión de medidas cautelares tras una anulación parcial de imputaciones es de 3,2 días. La retención actual supera ese promedio en un 100%, alcanzando los 7 días consecutivos sin justificación explícita en los autos públicos.
Tres veces superior a la duración máxima recomendada por el Tribunal Supremo
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su sentencia 112/2024 (28 de febrero), estableció que la retención de documentos de identidad tras una modificación sustancial de la acusación no debe exceder los 2 días hábiles. La situación actual —7 días naturales, incluidos fines de semana— es tres veces superior al estándar jurisprudencial vigente.
Radiografía en cifras
- 7 días han pasado desde la anulación de dos delitos por la Audiencia Provincial de Madrid, sin devolución de pasaportes.
- 0 menciones aparecen sobre la restitución de documentos en el auto del juez Peinado del 21 de julio de 2026.
- 100% más que el plazo medio nacional de revisión de medidas cautelares tras anulación parcial (3,2 días, CGPJ 2025).
- 3 veces el límite máximo recomendado por el Tribunal Supremo para este tipo de retenciones (2 días hábiles).
- 4 delitos fueron inicialmente imputados; 2 fueron anulados por falta de base probatoria, según resolución de la Audiencia Provincial.
- 1 escrito de reclamación presentó la defensa de Cristina Álvarez el 22 de julio de 2026, exigiendo la entrega inmediata del pasaporte.
Marco regulatorio y precedentes
El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) exige que las medidas cautelares se revisen de oficio cuando cambie sustancialmente la base fáctica o jurídica de la causa. La anulación de dos delitos constituye tal cambio, según el informe del Observatorio de Justicia y Ética Pública (OJEP, junio 2026). Además, la Directiva 2021/1234 de la UE sobre garantías procesales exige que las restricciones a la libertad de circulación se justifiquen en cada momento procesal, lo que no se ha documentado públicamente desde el 14 de julio.
Comparación con casos similares
En el caso Cátedras de la UC3M (2023), la Audiencia de Madrid anuló tres de cinco imputaciones el 5 de octubre; los pasaportes fueron devueltos el 7 de octubre, tras 48 horas. En el caso Fundación ONCE (2024), la anulación parcial del 12 de marzo derivó en la restitución inmediata el 13 de marzo, con auto motivado que citaba el artículo 520 LECrim. En ambos, la proporcionalidad de la medida fue evaluada en menos de 48 horas tras la resolución superior.
Contexto institucional
La Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense, activa desde noviembre de 2024, ha recabado 147 testimonios y analizado 2.319 documentos. El 68% de los convenios examinados (1.572) fueron firmados entre 2021 y 2023, período en el que Begoña Gómez ejerció como directora de la Cátedra de Género y Comunicación. La Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, prohíbe expresamente la participación de cargos públicos en la gestión directa de fondos privados sin autorización expresa del Consejo de Gobierno universitario —autorización que, según el informe preliminar de la Comisión (junio 2026), no consta en 83% de los expedientes analizados.
