En el marco de la investigación sobre el máster de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar a los directores ejecutivos de Google Spain e Indra. Esta comparecencia se produce en un contexto de acusaciones sobre la posible apropiación indebida de recursos por parte de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Los directivos de ambas empresas han manifestado que, debido a sus cargos, no estaban al tanto de los detalles de la negociación para invertir en el software del máster. Según fuentes presentes en el interrogatorio, los representantes legales de Google, Indra y su filial Minsait han aclarado que conocían la existencia del proyecto, pero no los pormenores, ya que las inversiones fueron menores y gestionadas por otros departamentos.
La CEO de Google, en su declaración, reconoció conocer a Begoña Gómez, pero solo en el contexto de eventos y no en relación con el software del máster. Esta declaración se produce en un momento en que la atención mediática está centrada en las inversiones realizadas por ambas compañías en el mencionado programa académico.
En esta ocasión, los directivos de Google e Indra han sido citados por tercera vez. La primera comparecencia fue suspendida por problemas técnicos, y la segunda se aplazó debido a que los directivos no acreditaron adecuadamente su cargo. Antes de esta declaración, las empresas enviaron informes al juez sobre las inversiones realizadas en el software que está bajo sospecha.
Google ha informado que su inversión total en el software alcanzó los 110.000 euros. La compañía explicó que en diciembre de 2022 firmó un acuerdo de patrocinio con la Universidad Complutense, comprometiéndose a aportar 40.000 euros al proyecto. A medida que el proyecto avanzaba, su complejidad técnica aumentó, lo que llevó a Google a invertir otros 70.000 euros para garantizar la correcta finalización del mismo. La empresa subrayó que estos gastos fueron tratados como gastos ordinarios y no generaron beneficios fiscales.
Por su parte, Indra también ha presentado su informe al juez, indicando que invirtió 128.442 euros en el software del máster. La compañía aclaró que estos trabajos se facturaron internamente a otra empresa del grupo y que no se beneficiaron de deducciones fiscales. Indra destacó que, junto a su filial Indra Business Consulting, colabora de manera altruista con diversas universidades en proyectos relacionados con la sostenibilidad y la captación de talento, y que su colaboración con la cátedra codirigida por Gómez se enmarca dentro de esta labor.
La situación ha generado un intenso debate en la opinión pública, especialmente en torno a la figura de Begoña Gómez y su relación con el Gobierno. Las declaraciones de los directivos de Google e Indra son cruciales para esclarecer el papel de estas empresas en el desarrollo del máster y si existió alguna irregularidad en el proceso de financiación.
La investigación ha suscitado un gran interés mediático y ha llevado a cuestionar la transparencia en las relaciones entre el sector privado y las instituciones educativas. La atención se centra ahora en cómo se desarrollará el proceso judicial y qué implicaciones podría tener para los involucrados, así como para la administración pública en general.
