La investigación de la UCO sobre la trama liderada por Santos Cerdán, ex secretario general de Organización del PSOE, ha expuesto vínculos directos con contratos públicos en Asturias. Entre ellos destaca la adjudicación del derribo de las baterías de cok de Arcelor en Avilés, gestionada por la Sociedad Estatal de Participación Industrial (SEPI). Los documentos intervenidos confirman intentos coordinados de influencia en procesos licitatorios estratégicos.
¿Qué papel tuvieron las baterías de cok de Avilés en la trama?
El derribo de las antiguas baterías de cok de Arcelor en Avilés fue un contrato clave bajo gestión de la SEPI. Un documento intervenido de la reunión del 6 de julio de 2021 en la sede de Servinabar en Pamplona menciona explícitamente a Erri Berri, empresa navarra investigada, y su recurso pendiente sobre ese mismo contrato.
La nota manuscrita “Llamar ahora” junto a la frase “ERRI-BERRI: Esperando la resolución de su recurso en baterías de Cok Avilés. ¿Posible acuerdo entre ERRI BERRI y LEZAMA+ALAMOS?” evidencia una coordinación operativa para influir en la resolución administrativa.
El modelo Duro Felguera como precedente
Los investigadores identificaron que la trama usó el rescate estatal de Duro Felguera como patrón para replicar una operación similar con Tubos Reunidos, también bajo supervisión de la SEPI. Este paralelismo refuerza la hipótesis de un modus operandi sistematizado: aprovechar mecanismos de intervención pública para favorecer intereses privados.
¿Quiénes formaban el núcleo operativo de la trama?
El grupo denominado “Hirurok”, estructurado como red de influencia, integraba tres figuras centrales:
- Leire Díez, conocida como la “fontanera” del PSOE y principal operadora de las llamadas “cloacas” socialistas.
- Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán y figura clave en Servinabar, empresa central de la trama. La UCO atribuye a Alonso la posesión “de forma velada” del 45 % de la sociedad.
- Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, cuya gestión de licitaciones y rescates está en el centro de las pesquisas.
La sede de Servinabar como epicentro
La reunión del 6 de julio de 2021 en Pamplona no fue casual. La sede de Servinabar funcionaba como centro de coordinación para repartir tareas de presión sobre procesos públicos. Allí se planificaban acciones concretas sobre contratos como el de Avilés, vinculando empresas privadas con decisiones estatales.
¿Cómo afecta esto al marco legal de contratación pública?
El caso pone en evidencia vulnerabilidades en la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017). La ley exige transparencia, igualdad y concurrencia. Sin embargo, los documentos sugieren la existencia de acuerdos previos entre empresas y actores con acceso privilegiado a la SEPI.
Además, el uso de recursos administrativos como vía para retrasar o condicionar adjudicaciones —como el recurso de Erri Berri— revela riesgos de manipulación procesal. La Audiencia Nacional investiga si hubo vulneración del principio de imparcialidad en la gestión pública.
Impacto económico regional
El derribo de las baterías de cok en Avilés no era un contrato menor. Formaba parte de la reestructuración industrial del complejo siderúrgico de Arcelor, con implicaciones en empleo, inversión y desarrollo urbano. Cualquier distorsión en su adjudicación afecta directamente a la economía asturiana y a la confianza en los mecanismos de reconversión industrial.
¿Qué revelan los datos clave de la investigación?
- El documento intervenido data del 6 de julio de 2021, en la sede de Servinabar en Pamplona.
- Se menciona explícitamente el recurso de Erri Berri sobre el contrato de Avilés y una posible alianza con Lezama+Alamos.
- La SEPI gestionaba tanto el derribo de Avilés como el rescate de Duro Felguera y Tubos Reunidos, usados como modelos operativos.
- Antxon Alonso es señalado por la UCO como titular velado del 45 % de Servinabar, vinculando directamente a la trama con la empresa.
- La figura de Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, aparece como eje de coordinación entre decisiones estatales y intereses privados.
El caso trasciende lo local: evidencia cómo estructuras de influencia pueden infiltrarse en mecanismos de gestión pública estratégica, con consecuencias reales en la economía regional y la integridad institucional.
