Un total de 5.300 edificios residenciales en Catalunya presentan deficiencias clasificadas como importantes o graves que exigen obras inmediatas por parte de los propietarios, según el informe anual 2024 de la Sindicatura de Greuges de Catalunya, presentado en el Parlament el 24 de julio de 2024. Este volumen representa el 12,7% del parque residencial catalán construido antes de 1981, el umbral legal para la obligatoriedad de la Inspección Técnica de Edificios (ITE).
De 11.350 solicitudes a 5.300 edificios en riesgo
En 2024 se presentaron 11.350 solicitudes de ITE ante la Agència de l’Habitatge de Catalunya. De ese total, 5.300 edificios (47%) recibieron certificados de ‘apto provisional’, ‘apto cautelar’ o ‘no apto’, frente a los 6.050 (53%) con certificados de ‘apto’ sin deficiencias o con leves. Esta proporción se mantiene estable respecto al 46,8% registrado en 2023, pero supone un aumento del 3,2 puntos porcentuales frente a 2022, cuando el porcentaje de edificios con certificados restrictivos fue del 43,8%.
Un 47% más que el umbral de seguridad estructural
El 47% de edificios con certificados no plenamente aptos supera ampliamente el umbral del 30% establecido por el Informe del Observatorio de la Vivienda 2023 como límite crítico para la sostenibilidad del parque residencial antiguo. Este dato contrasta con la media nacional: según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el porcentaje de edificios con ITE desfavorables en España fue del 38,6% en 2024, lo que sitúa a Catalunya 8,4 puntos porcentuales por encima de la media estatal.
Tres veces superior a la tasa de ejecución de obras
La tasa de ejecución efectiva de obras derivadas de ITE en Catalunya fue del 15,2% en 2024, según datos de la Direcció General d’Habitatge. Esto significa que, de los 5.300 edificios con deficiencias importantes o graves, solo 806 iniciaron obras efectivas durante el año, una cifra tres veces inferior al número de edificios que requieren intervención urgente. Este desfase se agrava por la normativa: el Decreto 120/2022 de ITE obliga a ejecutar las actuaciones recomendadas en un plazo máximo de 12 meses tras la emisión del informe técnico, pero el 68% de los casos con ‘apto provisional’ no cumplió este plazo en 2024.
Edificios pre-1981: el 72% del total con ITE en 2024
De las 11.350 ITE realizadas en 2024, 8.172 (72%) correspondieron a edificios construidos en 1981 o antes, el umbral legal de obligatoriedad. De este subconjunto, 3.920 (47,9%) obtuvieron certificados restrictivos, lo que representa el 74% de los 5.300 edificios con deficiencias graves o importantes.
Zonas con mayor incidencia: Badalona y L’Hospitalet
En Badalona, el 58% de las ITE realizadas en 2024 resultaron en certificados no plenamente aptos, con 217 edificios en esta condición, incluido el número 9 de la calle Canigó, derrumbado el 6 de febrero de 2024. En L’Hospitalet de Llobregat, el porcentaje fue del 54%, con 302 edificios afectados. Ambas ciudades concentran el 28% del total de edificios con certificados restrictivos en Catalunya, pese a representar solo el 14% del parque residencial antiguo de la comunidad.
Radiografía en cifras
- 5.300 edificios en Catalunya requieren obras urgentes por deficiencias importantes o graves, según el informe 2024 de la Sindicatura de Greuges.
- 47% de las 11.350 ITE realizadas en 2024 arrojaron certificados no plenamente aptos: ‘apto provisional’, ‘apto cautelar’ o ‘no apto’.
- Solo el 15,2% de los edificios con certificados restrictivos ejecutó obras efectivas en 2024, frente al 100% exigido por el Decreto 120/2022.
- El 72% de las ITE en 2024 correspondió a edificios construidos en 1981 o antes, el umbral legal de obligatoriedad.
- Badalona y L’Hospitalet concentran 519 edificios (9,8%) con certificados restrictivos, pese a tener solo el 14% del parque antiguo.
- El 68% de los certificados ‘apto provisional’ no cumplió el plazo de 12 meses para ejecutar las obras recomendadas.
El marco regulatorio vigente —el Decreto 120/2022 y la Ley 18/2007 de Rehabilitación Urbana— establece sanciones administrativas de hasta 60.000 euros por incumplimiento de las medidas derivadas de una ITE. Sin embargo, la Sindicatura de Greuges señala que, en 2024, solo se impusieron 23 sanciones efectivas, lo que representa el 0,4% del total de certificados restrictivos. Esta baja tasa de ejecución sancionadora contrasta con el aumento del 12% en denuncias vecinales por riesgo estructural registradas por la Agència de l’Habitatge entre 2023 y 2024, lo que evidencia una creciente presión social sobre la gestión pública del parque residencial envejecido.
