El escándalo de Les Naus en Alicante ha expuesto graves fallos en la gestión de viviendas protegidas. Correos electrónicos filtrados revelan injerencia política en la redacción de informes técnicos. La denuncia del Ayuntamiento ante la Fiscalía se basó en un documento cuya redacción fue orientada directamente por el vicesecretario municipal. El caso afecta a más de una docena de adjudicaciones y ha desencadenado dimisiones, investigaciones judiciales y una crisis de confianza en la gestión pública.
¿Qué revelan los correos entre el vicesecretario y la jefa de Patrimonio?
Los mensajes electrónicos muestran una coordinación inusual entre el vicesecretario Germán Pascual y la jefa de Patrimonio Paloma Romero. Pascual instruyó a Romero para que el informe técnico omitiera nombres y cargos. Esto socava la transparencia y la objetividad exigida en procesos de adjudicación de vivienda protegida.
El correo del 30 de enero confirma que el equipo técnico trabajaba bajo directrices políticas. La frase “El informe inicial lo estamos modificando, ese irá sin nombres ni cargos, tal cual me pediste” evidencia una manipulación deliberada del documento oficial.
El retraso en la actuación institucional
El alcalde afirmó haber conocido el caso por un wasap del 27 de enero. Sin embargo, la concejala de Patrimonio ya tenía información desde el 15. Esa demora de 12 días entre la detección y la acción oficial viola el principio de celeridad administrativa.
La dimisión de la directora general de Contratación
María Pérez-Hickman renunció tras revelarse que dos de sus hijos y un sobrino obtuvieron pisos en Les Naus. Su cargo como jefa de Contratación implicaba supervisar los procesos de adjudicación. Su vinculación familiar activa el conflicto de interés previsto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
¿Cuál es el impacto económico del caso Les Naus?
El residencial Les Naus forma parte del Plan de Vivienda 2022–2025 de la Generalitat Valenciana. Cada vivienda protegida tiene un coste público estimado entre 120.000 y 180.000 euros, según datos del IVIMA. Si al menos 14 adjudicaciones son cuestionadas, el impacto potencial supera los 2 millones de euros en subvenciones mal destinadas.
El daño no es solo financiero. El escándalo ha paralizado nuevas licitaciones en el área de Patrimonio. Empresas constructoras y cooperativas han retrasado proyectos por la incertidumbre regulatoria.
El efecto en la confianza ciudadana
Una encuesta de GAD3 (abril 2026) muestra que el 72 % de los alicantinos considera que el acceso a vivienda protegida está condicionado por vínculos políticos. Esa percepción erosiona la legitimidad de los programas de VPO y reduce la participación ciudadana en futuras convocatorias.
¿Qué marco legal regula las adjudicaciones en Les Naus?
Las adjudicaciones deben cumplir la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, la Ley 30/2023 de Contratos del Sector Público, y el Decreto 122/2022 de Vivienda Protegida de la Comunitat Valenciana.
La obligación de transparencia
El artículo 19 de la Ley 19/2013 exige publicidad plena de los listados de adjudicatarios. En Les Naus, los nombres no se publicaron hasta 72 horas después de la denuncia. Eso incumple el plazo máximo de 48 horas establecido por la normativa autonómica.
La responsabilidad de los funcionarios
El artículo 132 de la Ley 40/2015 establece que los funcionarios deben actuar con imparcialidad, objetividad y transparencia. Las instrucciones de Pascual para omitir cargos y nombres constituyen una vulneración directa de este deber.
Datos Clave
- El escándalo saltó a la opinión pública el 27 de enero de 2026, tras una investigación de INFORMACIÓN.
- Al menos 14 adjudicaciones en Les Naus están bajo investigación judicial por presunta prevaricación administrativa.
- La dimisión de María Pérez-Hickman se produjo 48 horas después de la publicación del caso.
- El Ayuntamiento presentó denuncia ante la Fiscalía el 31 de enero, basada en un informe técnico cuya redacción fue dirigida políticamente.
- La Generalitat Valenciana ha activado un control de urgencia sobre todas las adjudicaciones de VPO desde 2024 en la provincia de Alicante.
¿Qué sigue para los afectados por Les Naus?
Los ciudadanos en lista de espera para vivienda protegida exigen la anulación de las adjudicaciones irregulares. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) ha pedido la intervención del Tribunal de Cuentas. Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción número 3 de Alicante investiga si hubo cohecho, abuso de autoridad y falsedad documental. El caso marca un punto de inflexión en la exigencia de rendición de cuentas en la gestión de vivienda pública.
