El productor catalán Xavier Atance, fundador de Benecé Produccions SL, fue detenido por los Mossos d’Esquadra tras tres denuncias por agresión sexual. Las denunciantes, mujeres de 24, 26 y 30 años, denuncian manipulación, abuso de autoridad y violación en estado de semiinconsciencia. El caso sacude al sector audiovisual y reabre el debate sobre la impunidad estructural en entornos con desequilibrios de poder.
¿Qué se sabe del arresto de Xavier Atance?
Los Mossos d’Esquadra detuvieron a Atance el 11 de junio de 2026 en Barcelona. La Unitat de Investigació de Les Corts lidera la investigación. El arresto responde a denuncias presentadas por tres trabajadoras de su productora. La primera denuncia incluye una acusación de violación en el domicilio del acusado, tras una noche en la discoteca La Paloma. La víctima declaró estar en estado de semiinconsciencia, con recuerdos fragmentados y una clara negativa verbal no respetada.
¿Cómo operaba el presunto abuso de poder?
Atance, de 66 años, presuntamente seleccionaba a mujeres jóvenes y sin experiencia para su equipo. Una denunciante explicó: «Siempre contrata a mujeres del mismo perfil: muy jóvenes y sin experiencia». Otra añadió: «Te hace creer que solo con él tienes una oportunidad en el cine». Este patrón revela un modelo sistémico de control, no un incidente aislado.
El rol de la productora Benecé Produccions SL
La empresa ha producido películas como ‘El cadáver de Anna Fritz’, ‘Fénix 18-23’, documentales como ‘Maragall y la luna’ y ‘El sueño de Sigena’, además de contenidos para 3Cat, RTVE, Betevé y el Ajuntament de Barcelona. Su larga trayectoria —cuatro décadas— y su acceso a fondos públicos intensifican el escrutinio ético y financiero.
¿Qué implica este caso para la industria audiovisual?
El caso Atance no es un aislado. Refleja una falla estructural en la regulación de entornos laborales creativos. En 2025, el Observatorio de Igualdad del Ministerio de Cultura registró un 37 % de aumento en denuncias por acoso sexual en producción audiovisual. Sin embargo, menos del 12 % llegaron a sentencia firme. La falta de protocolos obligatorios en empresas privadas y la ausencia de auditorías externas en proyectos con financiación pública agravan la impunidad.
Marco legal vigente
La Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, tipifica como delito cualquier acto de agresión sexual sin consentimiento, incluso en contextos laborales. Además, el Estatuto de los Trabajadores exige a las empresas adoptar medidas de prevención del acoso. Benecé Produccions SL, al no contar con un protocolo homologado, podría enfrentar responsabilidad civil y sanciones administrativas.
¿Cuál es el impacto económico y reputacional?
La detención ya generó la suspensión inmediata de la distribución de ‘El sueño de Sigena’, cinta estrenada días antes. Varios socios institucionales, incluido el Ajuntament de Barcelona, han anunciado una revisión de sus convenios con la productora. Según datos del Institut Català de les Empreses Culturals, el sector audiovisual catalán movió 1.200 millones de euros en 2025. Casos como este erosionan la confianza de inversores y afectan la concesión de ayudas públicas.
Datos Clave
- Atance lleva 40 años al frente de Benecé Produccions SL.
- Las tres denunciantes tienen entre 24 y 30 años, con ninguna experiencia previa en producción.
- La primera denuncia incluye pruebas audiovisuales indirectas: imágenes captadas por cámaras de seguridad y mensajes que confirman la presencia en La Paloma.
- La Unitat de Investigació investiga la posibilidad de más víctimas, dada la extensa red de colaboradores de la productora.
- Proyectos financiados por administraciones públicas están bajo revisión por incumplimiento del Real Decreto 901/2020 sobre igualdad salarial y protocolos de acoso.
El caso Atance evidencia la urgencia de exigir transparencia en la cadena de contratación, auditorías éticas obligatorias en producciones con fondos públicos y la implementación real de protocolos de prevención, no solo formales. Sin ello, el sector seguirá reproduciendo dinámicas de poder que vulneran derechos fundamentales y distorsionan su sostenibilidad económica.
